Este miércoles la Delegación de Migraciones convoca un nuevo Círculo del Silencio.
Este miércoles, 10 de junio, segundo miércoles de mes, la Delegación de Migraciones convoca a un nuevo Círculo del Silencio, centrado en la situación de la vivienda en España, un problema que afecta de manera desproporcionada a la población migrante.
«La situación de la vivienda en España atraviesa una crisis estructural marcada por un déficit aproximado de 1,7 millones de viviendas, el desequilibrio entre la oferta y la demanda, y unos precios que acumulan un incremento del 44% desde 2020. Este escenario convierte a la vivienda en el principal motor de exclusión social del país, un problema que afecta de manera desproporcionada a la población migrante», afirman desde la Delegación de Migraciones.
Es la reivindicación que proponen desde hace tiempo en el Círculo del Silencio, este espacio de denuncia, reflexión y compromiso ante una realidad que no puede dejarnos indiferentes porque «la vivienda es un derecho, no un privilegio».
Los horarios y lugares previstos para la celebración del Círculo este mes son los siguientes:
- Churriana, 10 de junio, 20.30 horas, Plaza del Mirador
- Alhaurín de la Torre, 10 de junio, 20.30 horas, Plaza de la Iglesia
- El Burgo, 10 de junio, 19.00 horas, Plaza de Abajo
- Málaga, 10 de junio, 20.00 horas, Plaza de la Constitución
- Málaga, 10 de junio, 20.45 horas, parroquia Nuestra Señora de los Ángeles
- Fuengirola, 10 de junio, 20.15 horas, Plaza de la Constitución
- Yunquera, 10 de junio, a las 19.30 horas, en la Plaza de la Constitución
- Cuevas Bajas, 17 de junio, 20.45 horas, parroquia
Décimo aniversario
El pasado mes de mayo, el Círculo del Silencio celebró su décimo aniversario. Ramón Muñoz, delegado de Migraciones en ese momento, compartió con todos los participantes la siguiente reflexión sobre la situación de la vivienda:
«En el círculo del silencio de hoy queremos poner de relieve el problema que viven las personas migradas en torno a la vivienda.
Pero antes algunos datos que nos llegan del informe FOESSA. En Málaga vivimos tasas muy graves de exclusión social: un 23%, lo que supone situarnos cuatro puntos por encima de la media nacional. Si nos fijamos en Melilla, esta tasa alcanza el 32%. Este mismo estudio nos advierte de que los hogares encabezados por personas migradas, sufre una tasa de exclusión social del 52%, llegando, en Melilla hasta el 77%.
Uno de los problemas estructurales que sufren las personas migradas es la falta de empleo estable y digno. El estudio señala que el problema ya no se encuentra en el hecho de haber accedido a un puesto de trabajo, sino en la casuística de que este es insuficiente para poder llevar una vida digna. CARITAS subraya la idea de que el 41% de las personas que acompaña donde encuentran dificultades es en el pago de la vivienda.
La realidad de las personas migradas que sufren exclusión social es que viven en viviendas realquiladas, que tiene que ocupar una habitación para toda la familia, que los precios que tienen que pagar impiden que puedan hacerse cargo de otros gastos necesarios como la energía, el transporte, la alimentación o la atención sanitaria. Hoy podemos afirmar que el acceso y la estabilidad residencial se ha convertido en el mayor problema de las personas en mayor vulnerabilidad. A parte de este problema se encuentran con la casuística de que al ser personas migradas encuentran mucha dificultad, aunque tengan medios económicos, de poder alquilar o incluso adquirir en propiedad una vivienda. Málaga se ha convertido en una de las ciudades españolas en la que el acceso a la vivienda es más difícil. Si a esta circunstancia le añadimos el ser persona migrada, el problema se multiplica.
La falta de vivienda acarrea una serie de consecuencias muy negativas para cualquier persona: la falta de arraigo, la imposibilidad de elaborar un proyecto de futuro, no poder formar o traerse a la familia de procedencia, falta de intimidad, de empadronamiento, de derechos sociales o de reconocimiento.
Los migrantes, además han de soportar toda una serie de bulos que no tienen consistencia y que son fácilmente desmentidos con datos. Según el gobierno, la mayoría de los bulos (un 55%) tratan sobre ocupación, seguidos de los que tratan sobre supuestas ayudas que reciben para el alquiler (un 20%) o beneficios económicos para la vivienda. Un alto porcentaje de los bulos se refieren a la delincuencia y a conflictos que generan con los vecinos (un 25%). Estos bulos son declaraciones de terceros no contrastadas que caen fácilmente si nos atenemos a la realidad de su situación.
Es importante que nuestra presencia y compromiso sirvan para poner en el foco este acuciante problema, sirva de denuncia a las instituciones públicas de su falta de compromiso con una de las necesidades más básicas que tenemos todas las personas como lo es el derecho a una vivienda, sirva de freno a los bulos que confunden la verdad y culpabilizan a los migrantes del problema de la vivienda y se busque la dignidad de toda persona y se trabaje por el bien común».
