La Conferencia Episcopal Española ha hecho pública una declaración en la que ha abordado la asignatura de educación para la ciudadanía y el nuevo estatus de los profesores de religión.
En la web www.conferenciaepiscopal.es puede leerse completa.
Con respecto al Real Decreto que regula la situación laboral de los profesores de religión, los obispos españoles valoran como positivo que el contrato laboral de los mismos sea de duración indefinida y señalan que “los beneficios laborales que ello comporta hacen justicia a su labor y contribuyen a dignificar su importante misión, que es misión de la Iglesia.”
Por otra parte, consideran que además de unas condiciones laborales justas, son necesarias “unas garantías legales de su perfil específico.” Por eso, manifiestan su disconformidad con las otras dos novedades que introduce el Real Decreto: Primero, el Real Decreto no reconoce “de manera suficiente” la autoridad de la Iglesia Católica como instancia competente para garantizar la idoneidad de los profesores y por otra parte consideran que “es necesario aclarar que el destino de los profesores a un puesto determinado forma parte de la misión de enseñar religión católica, misión que es del Obispo. Por todo ello, considera que el Real Decreto no cumple el Acuerdo sobre Enseñanza entre el Estado y la Santa Sede.
EPC
La nueva asignatura “Educación para la ciudadanía” también ha sido objeto de análisis por parte del episcopado español. En este sentido señala que “el Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación”.
Denuncian que “el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho.” Los obispos consideran que “en esta situación, se han planteado muchas dudas acerca del modo adecuado de responder a tal desafío.
En nuestra Declaración de febrero hemos exhortado a todos a actuar de modo responsable y comprometido ante una asignatura inaceptable tanto en la forma como en el fondo. Los medios concretos de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos. No hemos querido ni queremos mencionar ninguno en particular. Deseamos, en cambio, recordar que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias.
Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. Los padres harán uso de unos medios y los centros, de otros. Ninguno de tales medios legítimos puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea este nuevo desafío: ni en los centros estatales ni en los de iniciativa social”.
