Se trata de la denominada causa “S.P. contra Rumanía”, promovida contra la Autoridad civil rumana, la cual no admitió inscribir como sindicato a un grupo de sacerdotes y laicos de la Iglesia ortodoxa, considerando que la creación de ese sindicato no es acorde con el ordenamiento jurídico canónico, europeo e internacional. Con su resolución del 31 de enero de 2012, la mencionada Sección del Tribunal de Estrasburgo ha sentenciado que la inadmisión del sindicato en cuestión sería contraria al derecho de libertad de asociación, sin haber ponderado adecuadamente el alcance del derecho primario de libertad religiosa. En estos días la Gran Sala del Tribunal decide si admite o no el recurso que ha sido presentado ante ella contra la resolución de la Sección Tercera.

Con pleno respeto a los derechos fundamentales de todos y a las decisiones judiciales que han de promoverlos, la Conferencia Episcopal Española espera que se revise la resolución emitida, por hallarse en franca contradicción con puntos fundamentales y perfectamente consolidados de la jurisprudencia del alto Tribunal europeo y porque, de confirmarse la sentencia, se pondría en cuestión la seguridad jurídica de un derecho fundamental como es el de la libertad religiosa.