No nos cabe duda de que la crisis laboral y económica provocada por la pandemia de la COVID-19, hubiera tenido un menor impacto, sin la indecente precariedad laboral, ese “virus” que caracteriza el sistema de relaciones labores, que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias; si la sanidad y el conjunto de políticas sociales hubieran contado con los recursos que necesitan y que fueron recortados como consecuencia de la anterior crisis financiera.

Los empleos más precarizados (trabajadoras del hogar y de cuidados, de la agricultura, de establecimientos de alimentación o repartidoras) que hasta el momento han estado invisibilizados, y que en este momento de paralización del sistema productivo y económico, se han «descubierto» como esenciales para la sostenibilidad de la vida, del bienestar de todas las personas. Pero continúan ejerciendo sus funciones en condiciones precarias y en la mayoría de los casos sin la protección adecuada. Amplificamos nuestro aplauso, también para estas realidades.

A ello se unen el drama del desempleo registrado, que, junto al estructural, son la punta del iceberg de una crisis del empleo mucho mayor; que no computa los trabajos no reconocidos, ni el empleo suspendido por expedientes de regulación temporal. El empleo que en primer lugar se ha destruido es el más débil. Por ello, a todas las personas que verán reducidos sus ingresos, incluso hasta límites que no garanticen el mínimo para vivir dignamente, se suman las que no cuentan con ningún tipo de protección.

Hacemos un llamamiento para que se articulen e impulsen todas las medidas necesarias evitando que esto vuelva a pasar, y para apoyar y cuidar a las personas más afectadas, especialmente a quienes están en la calle, sin techo y las que nunca reúnen los requisitos para percibir alguna renta mínima. Exigimos construir una red de protección social para quienes han perdido empleo, salario y derechos, y que nadie se quede atrás.

Necesitamos superar planteamientos individualistas y comprometernos solidariamente con la comunidad y el bien común. Valoramos el compromiso de la ciudadanía y el de tantas empresas, y subrayamos que son las Administraciones Públicas las garantes últimas del bien común de nuestra sociedad.

Desde estas constataciones, reclamamos:

- El reconocimiento de un ingreso mínimo garantizado en un programa articulado que integre las
políticas sociales en España.

- El derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de hogar, así como el
reconocimiento social del trabajo de hogar y de cuidados.

- La regularización extraordinaria y urgente de los trabajadores y las trabajadoras “sin papeles” y
descartados de los derechos de ciudadanía.

- Un pacto de Estado, entre toda la sociedad y sus instituciones que, entre otras cuestiones,
apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente, piedra angular sobre lo que se
sostiene todo lo demás.

- El fortalecimiento del pilar de los derechos sociales en Europa.

Como entidades de la Iglesia sensibles y comprometidas con la realidad en el mundo obrero y del trabajo, en este 1º de Mayo y de S. José obrero invitamos a las comunidades cristianas a unirnos, desde la distancia física obligatoria, desde nuestras casas, en la celebración y la oración. Os invitamos a participar con creatividad en aquellas acciones que puedan hacer visible la necesidad de un trabajo decente acorde con la dignidad humana.