Se supone que, en España, la educación es obligatoria y gratuita. Se supone que, en España, los padres tienen el derecho a elegir libremente el centro en el que quiere que estudien sus hijos.
Se supone que las instituciones públicas, como administradoras del dinero que pagamos todos los contribuyentes, deberían repartir justamente este dinero para que todos los colegios (y todos los niños españoles) pudieran disfrutar de la misma calidad de enseñanza.
Sin embargo, estas suposiciones distan mucho de la realidad. Según datos del propio Ministerio de Educación, una plaza en un centro público tiene un coste anual de 3.518 euros. Por su parte, un centro concertado, recibe por esa misma plaza únicamente 1.841 euros del erario público.
Esta diferencia supone una clara discriminación de los alumnos de la concertada, cuya única explicación es la del interés político por favorecer el trasvase de alumnos desde estos centros (católicos en su mayoría) hacia la escuela pública.
¿Ingeniería Social? ¿Eclesiofobia? En cualquier caso, la estrategia de las administraciones fracasa año tras año, pues las plazas en los colegios concertados siguen siendo las más demandadas con diferencia. Es curioso que muchos de los políticos que abogan por privilegiar económicamente a la pública llevan a sus hijos a centros concertados, puesto que, como no son tontos, saben que destacan por la calidad de la enseñanza y la transmisión de valores.
Pero no quedan ahí los privilegios de la escuela pública, pues algunos de sus gastos más importantes son asumidos por los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, paga la limpieza y el mantenimiento de los centros públicos, pero no de los concertados, que tienen que pagar esos gastos con el reducido importe que reciben de la administración.
La estrategia de asfixia económica de los centros concertados trata de ser suplida por éstos solicitando donativos a los padres o mediante la venta de uniformes o libros. Estas medidas de emergencia, que no serían necesarias si hubiera una justa distribución de los recursos educativos, son maliciosamente manipuladas por algunos con el fin de hacer ver un ánimo de lucro de los centros concertados. Es otra parte de la estrategia de acoso y derribo a la escuela católica.
Pero hay más: los padres de la concertada no pueden acceder a las ayudas oficiales para comedores, actividades extraescolares, aulas matinales, etcétera. Es otro de los privilegios reservados para los alumnos de la pública.
