En fechas recientes, un trabajador hispanoamericano pereció entre las llamas de un restaurante, después de haber salvado a cuatro mujeres mediante su comportamiento heroico. Es verdad que los medios de comunicación se han hecho eco de este gesto tan humano, igual que prestaron atención en su día a la actitud de un joven musulmán, que perdió un miembro al salir en defensa de una mujer y verse arrojado por los agresores bajo las ruedas del metro, en Madrid. Con estos ejemplos sólo pretendo decir que entre los inmigrantes hay de todo, igual que entre los nativos, pues también algunos de ellos son personas que delinquen igual que nosotros.

Por otra parte, necesitamos su presencia y su trabajo para que España funcione. Lo saben nuestros mayores y las amas de casa, entre otros grupos sociales, porque son numerosas las personas que trabajan en el servicio doméstico. También, en los trabajos más duros. Creo importante recordarlo cuando se está regularizando la situación de los inmigrantes que no cuentan con la documentación necesaria para exigir y defender sus derechos ciudadanos y laborales. No me corresponde entrar en decisiones políticas concretas, que son misión de los gobernantes y de los partidos de la oposición, pero como ciudadano, como cristiano y como Obispo pienso que tengo el derecho y el deber de recordar algunos principios básicos.

La Iglesia comparte con todos los hombre de buena voluntad que la emigración es un derecho humano. Y el Concilio nos recuerda que, en una economía progresiva en la que "la movilidad es necesaria", la justicia y la equidad exigen que dicha movilidad "se ordene de tal manera que la vida de los individuos concretos y de sus familias no se haga incierta y precaria". "Se ha de evitar cuidadosamente cualquier discriminación relativa a las condiciones de remuneración o de trabajo hacia los trabajadores que, procedentes de otra nación o región, contribuyen con su trabajo a la promoción económica de un pueblo o región" (GS 66). Pero difícilmente podrán exigir que se respeten sus derechos aquellas personas que carecen del amparo de las leyes por no disponer de la documentación pertinente.

Por otra parte, al buscar criterios de actuación, el Vaticano II sintetiza de manera admirable lo que constituye el fundamento de la doctrina social de la Iglesia, cuando afirma que la dignidad de la persona humana se basa en el hecho de que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y ha sido elevada a un fin que transciende la vida terrena (cf GS 21). Por eso, todos los bienes tienen que ordenarse en función de la persona, centro y cima de la vida social y laboral. O lo que es igual, la persona del trabajador ha de anteponerse al capital, a la producción y al beneficio.

Comprendo que son cuestiones difíciles y que los gobernantes necesitan tener en cuenta la prudencia, garantía el bien común. Además, el debate entre los partidos diferentes añade complejidad a esta cuestión. Pero desde el punto de vista del Evangelio y su opción preferencial por los pobres, me atrevo a pedir a todos mucha imaginación y audacia, de manera que, si nos equivocamos, sea por favorecer a los más necesitados.