La educación de los hijos es un derecho de los padres, pues son ellos quienes les han dado la vida y quienes tienen que completar ese precioso don con todo lo que ayude a desarrollar su personalidad: uso de la inteligencia, ecuanimidad afectiva, sociabilidad, capacidad de ejercer la libertad, sentido moral, apertura a Dios... En una palabra, todo lo que los capacite para ser personas libres y maduras. El gran desafío que tenemos hoy es el de lograr que a su salud material, a su desarrollo físico y a su capacitación científica y técnica se añada la buena salud de su espíritu. Y ello requiere el descubrimiento de Dios y un sentido moral sólido. O lo que es igual, una educación en valores que no se reduzca a los valores materiales y hedonistas, aunque también éstos tienen su importancia.

Esta tarea educativa es un derecho y deber primario de los padres. El Estado y las instituciones sociales tienen un cometido subsidiario. Es decir, hacer posible que los padres directamente y por medio de instituciones y personas libremente elegidas puedan cumplir con su derecho y deber. En este sentido, ni la sociedad ni el Estado deben absorber, y menos hipotecar, la educación de los niños. Y cuando recortan los derechos de los padres, y de la familia en general, cometen una intromisión inaceptable y caen en un despotismo para el que no les han legitimado las urnas.

Es, por consiguiente, natural que una gran parte de la sociedad española veamos una amenaza grave en esa asignatura que denominan “Educación para la ciudadanía”. En especial, en su carácter obligatorio para todos los niños. En el fondo y la forma, da la impresión de tratarse de un intento de adoctrinar a los ciudadanos desde su infancia y de darles una visión de la persona, de la vida, de la historia y de las relaciones con los demás según los presupuestos ideológicos de los gobernantes. O dicho de otra manera, es el intento de sustraer a los padres el derecho que tienen a educar a sus hijos de acuerdo con sus ideas, su visión de la existencia  y su mundo de valores.

Porque si el gobierno se encarga de educar “para la ciudadanía”, ¿eso quiere decir que los padres educan para vivir en las nubes? ¿En qué consiste “la ciudadanía”, sino en una manera de ser personas, de comportarse con uno mismo, con los demás y con las cosas; y en un modo de integrarse en la sociedad para colaborar a su progreso? Y eso es precisamente lo que intentan hacer los padres, con la ayuda de las instituciones sociales y del propio Estado, sin necesidad de que nadie les hurte sus derechos y les imponga sus ideas y presupuestos.

Los cristianos no nos podemos resignar ni permanecer pasivos ante un asunto tan grave, que atenta contra el derecho de los padres y mina los mismo fundamentos de la democracia. De ahí la importancia de recabar y transmitir una amplia información, de dialogar y debatir sobre el tema con personas preparadas y de realizar aquellas acciones que estén a nuestro alcance, pues todo lo que sea recortar los derechos de la persona y de la familia no puede constituir un buen proyecto de futuro. Hay que trabajar para que todas las familias, empezando por las más pobres, puedan disponer de escuelas libres y abiertas, de escuelas elegidas, frente a las tendencias de algunos gobernantes a constituir un verdadero monopolio y un control ideológico de la educación.

+ Antonio Dorado Soto,
Obispo de Málaga