Monseñor Dorado Soto reflexiona sobre el Proyecto de Ley de Educación en una carta titulada "Los padres ante la nueva ley de educación", donde señala que la LOE coloca al Estado como único promotor legítimo de centros de enseñanza
El obispo de Málaga y Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Monseñor Dorado Soto, ha manifestado recientemente en una carta titulada Los padres ante la nueva ley de educación que "si se lleva a la práctica este proyecto, el Estado quedaría como el único promotor legítimo de centros de enseñanza y el mentor ideológico exclusivo de lo que los niños deben o no conocer."
El obispo malagueño ha señalado que "el Proyecto de Ley de Educación, constituye un desafío formidable al derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, a la libertad de elección de centro y a la posibilidad de impartir la Religión en la escuela". Y manifiesta que "está en juego no sólo la calidad de la enseñanza, la autoridad de los docentes y la formación integral de los alumnos, sino la libertad de los padres a elegir para sus hijos el tipo de educación que consideren mejor y el derecho de la sociedad a promover propuestas educativas acordes con sus ideas y sus convicciones." Así mismo advierte que "desde el punto de vista cristiano y religioso en general, está en peligro la posibilidad del derecho constitucional a recibir en la escuela la enseñanza de la Religión que los padres soliciten libremente para sus hijos." Reconoce que no le gusta "ningún tipo de alarma social, pero el Proyecto de Ley de Educación aprobado por el Consejo de Ministros, la negativa del gobierno a dialogar con los padres católicos que han recogido y presentado tres millones de firmas y la intransigencia de los gobernantes ante la propuesta de la Conferencia Episcopal Española para resolver estas cuestiones mediante un diálogo en el que participen los diversos grupos políticos y sociales" le parecen preocupantes en grado sumo.
De igual forma Monseñor Dorado Soto señala que como obispo no le corresponde "apuntar las iniciativas concretas que se deben intentar en este momento tan delicado", pero reconoce que tiene "el deber moral y el derecho de llamar la atención de los padres para que participéis, en el debate y para que emprendáis las acciones que consideréis necesarias y pertinentes, siempre dentro del respeto a nuestra Constitución."
Puede leerse la Carta completa en el siguiente link.
