«Con la experiencia que tiene de la humanidad, la Iglesia, sin pretender de ninguna manera mezclarse en la política de los Estados, sólo desea una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu Paráclito, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido».

Con estas palabras Pablo VI, en la profética y siempre actual Encíclica Populorum progressio de 1967, trazaba de manera límpida «las trayectorias» de la íntima relación de la Iglesia con el mundo: trayectorias que se cruzan en el valor profundo de la dignidad del ser humano y en la búsqueda del bien común, y que además hacen a los pueblos responsables y libres de actuar según sus más altas aspiraciones.

La crisis económica y financiera que está atravesando el mundo convoca a todos, personas y pueblos, a un profundo discernimiento sobre los principios y de los valores culturales y morales que son fundamentales para la convivencia social. Pero no sólo eso. La crisis compromete a los agentes privados y a las autoridades públicas competentes a nivel nacional, regional e internacional a una seria reflexión sobre las causas y sobre las soluciones de naturaleza política, económica y técnica.

En esta prospectiva, la crisis, enseña Benedicto XVI, «nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera confiada, más que resignada».

Los líderes mismos del G20, en la declaración adoptada en Pittsburgh en el año 2009, han afirmado que “The economic crisis demonstrates the importance of ushering in a new era of sustainable global economic activity grounded in responsibility”.

Recogiendo el llamamiento del Santo Padre y, al mismo tiempo, haciendo propias las preocupaciones de los pueblos – sobre todo de aquellos que en mayor medida sufren los efectos de la situación actual – el Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, en el respeto de las competencias de las autoridades civiles y políticas, desea proponer y compartir la propia reflexión “Por a una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal”.

Esta reflexión desea ser una contribución a los responsables de la tierra y a todos los hombres de buena voluntad; un gesto de responsabilidad, no sólo respecto de las generaciones actuales, sino sobre todo hacia aquellas futuras, a fin de que no se pierda jamás la esperanza de un futuro mejor y la confianza en la dignidad y en la capacidad de bien de la persona humana.

Peter K. A. Card. Turkson † Mario Toso, SDB
Presidente Secretario

POR UNA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL EN LA PERSPECTIVA DE UNA AUTORIDAD PÚBLICA CON COMPETENCIA UNIVERSAL.  Documento del Pontificio Consejo Justicia y Paz

Premisa

Toda persona individualmente, toda comunidad de personas, es partícipe y responsable de la promoción del bien común. Fieles a su vocación de naturaleza ética y religiosa, las comunidades de creyentes deben en primer lugar preguntarse si los medios de los que dispone la familia humana para la realización del bien común mundial son los más adecuados. La Iglesia, por su parte, está llamada a estimular en todos, indistintamente, «el deseo de participar en el conjunto ingente de esfuerzos realizados [por los hombres] a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, respondiendo [así] a la voluntad de Dios».

1. Desarrollo económico y desigualdades.

La grave crisis económica y financiera, que hoy atraviesa el mundo, encuentra su origen en múltiples causas. Sobre la pluralidad y sobre el peso de estas causas persisten opiniones diversas: algunos subrayan, ante todo, los errores inherentes a las políticas económicas y financieras; otros insisten sobre las debilidades estructurales de las instituciones políticas, económicas y financieras; otros, en fin, las atribuyen a fallas de naturaleza ética, presentes en todos los niveles, en el marco de una economía mundial cada vez más dominada por el utilitarismo y el materialismo. En los distintos estadios de desarrollo de la crisis se encuentra siempre una combinación de errores técnicos y de responsabilidades morales.

En el caso del intercambio de bienes materiales y de servicios, son la naturaleza, la capacidad productiva y el trabajo en sus múltiples formas, quienes ponen un límite a la cantidad, determinando un conjunto de costes y de precios que permite, bajo ciertas condiciones, una asignación eficiente de los recursos disponibles.

Pero en materia monetaria y financiera, las dinámicas son distintas. En los últimos decenios, han sido los bancos los que han extendido el crédito, el cual ha generado moneda, lo cual a su vez ha exigido una ulterior expansión del crédito. El sistema económico ha sido impulsado en tal modo, hacia una espiral inflacionista que, inevitablemente, ha encontrado un límite en el riesgo sostenible para los institutos de crédito, sometidos a un ulterior peligro de quiebra, con consecuencias negativas para todo el sistema económico y financiero.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías nacionales progresaron, aunque con enormes sacrificios de millones e incluso de miles de millones de personas que habían otorgado su confianza con su comportamiento de productores y empresarios, por un lado, y de ahorradores y consumidores, por el otro, hasta llegar a un progresivo y regular desarrollo de la moneda y de las finanzas, en conformidad con las potencialidades de crecimiento real de la economía.

A partir de los años noventa del pasado siglo, se descubre en cambio como la moneda y los títulos de crédito a nivel global aumentaron mucho más rápidamente que la producción del rédito, incluso a precios corrientes. Se derivó, por consiguiente, en la formación bolsas excesivas de liquidez y burbujas especulativas que luego se transformaron en crisis de solvencia y de confianza que se han propagado y subseguido en el transcurso de los años.

Una primera crisis se verificó en los años setenta hasta principios de los ochenta, debido a los precios del petróleo. Posteriormente se verificaron una serie de crisis en varios Países en vías de desarrollo. Baste pensar en la primera crisis de México en los años ochenta, o en las de Brasil, Rusia y Corea; y luego nuevamente en México en los años noventa, en Tailandia y en Argentina.

La burbuja especulativa sobre los inmuebles y la reciente crisis financiera tienen el mismo origen: la excesiva cantidad de moneda y de instrumentos financieros a nivel global.

Mientras las crisis en los Países en vías de desarrollo, que han estado a punto de involucrar el sistema monetario y financiero global, han sido contenidas con formas de intervención por parte de los países más desarrollados, la crisis que ha estallado en el año 2008, se ha caracterizado por un elemento decisivo y disruptivo respecto a las precedentes. Se ha originado en el contexto de Estados Unidos, una de las áreas más relevantes para la economía y las finanzas mundiales, involucrando la moneda a la que se remiten todavía la gran mayoría de los intercambios internacionales.

Una orientación de tipo liberal – reticente respecto a las intervenciones públicas en los mercados – ha propiciado la quiebra de un importante instituto internacional, imaginando de este modo, delimitar la crisis y sus efectos. Se ha derivado, desafortunadamente, una propagación de la desconfianza que ha impulsado a mutar repentinamente de actitud, estimulando intervenciones públicas de diverso tipo, de enorme alcance (el 20% del producto nacional) a fin de contener las consecuencias negativas que hubieran afectado todo el sistema financiero internacional.

Las consecuencias sobre la denominada «economía real», pasando s través de las graves dificultades de algunos sectores – en primer lugar el de la construcción – y con la difusión de expectativas desfavorables, han generado una tendencia negativa de la producción y del comercio internacional, con graves repercusiones en la ocupación, y con efectos que probablemente aun no han agotado su alcance. El costo para millones, e incluso miles de millones de personas, en los Países desarrollados, pero sobre todo también en aquellos en vías de desarrollo, es inmenso.

En Países y áreas donde se carece todavía de los bienes más elementales como la salud, la alimentación y la protección contra la intemperie, más de mil millones de personas se ven obligadas a sobrevivir con unos ingresos medios de poco más de un dólar diario.

El bienestar económico global, medido en primer lugar por la producción de renta, y también por la difusión de las capabilities, se ha acrecentado, en el curso de la segunda mitad del siglo XX, en una medida y con una rapidez antes jamás experimentado en la historia del género humano.

Pero también han aumentado enormemente las desigualdades en varios Países y entre ellos. Mientras que algunos Países y áreas económicas, las más industrializadas y desarrolladas, han visto crecer notablemente la producción de la renta, otros Países han sido excluidos, de hecho, del progreso generalizado de la economía, e incluso han empeorado en su situación.

Los peligros de una situación de desarrollo económico, concebido en términos de liberalismo, han sido denunciados lúcida y proféticamente por Pablo VI – a causa de las nefastas consecuencias sobre los equilibrios mundiales y la paz – ya en 1967, después del Concilio Vaticano II, con la Encíclica Populorum progressio. El Pontífice indicó, como condiciones imprescindibles para la promoción de un auténtico desarrollo, la defensa de la vida y la promoción del progreso cultural y moral de las personas. Sobre tales fundamentos, Pablo VI afirmaba que el desarrollo plenario y planetario «es el nuevo nombre de la paz».

A cuarenta años de distancia, en el año 2007, el Fondo Monetario Internacional reconocía, en su Informe anual, la estrecha conexión por una parte de un proceso de globalización que no ha sido gobernado adecuadamente, y las fuertes desigualdades a nivel mundial por el otro. Hoy los modernos medios de comunicación hacen evidentes a todos los pueblos, ricos y pobres, las desigualdades económicas, sociales y culturales que se han producido a nivel global, creando tensiones e imponentes movimientos migratorios.

Más aún, se ha de reafirmar que el proceso de globalización, con sus aspectos positivos está a la base del grande desarrollo de la economía mundial del siglo XX. Vale la pena recordar que, entre el 1900 y el 2000, la población mundial casi se cuadruplicó y que la riqueza producida a nivel mundial creció en modo mucho más rápido de manera que los ingresos medios per cápita aumentaron fuertemente. A la vez, sin embargo, no ha aumentado la equitativa distribución de la riqueza; sino que en muchos casos ha empeorado. 

¿Pero qué es lo que ha impulsado al mundo en esta dirección extremadamente problemática incluso para la paz?

Ante todo, un liberalismo económico sin reglas y sin supervisión. Se trata de una ideología, de una forma de «apriorismo económico», que pretende tomar de la teoría las leyes del funcionamiento del mercado y las denominadas leyes del desarrollo capitalista, exagerando algunos de sus aspectos. Una ideología económica que establezca a priori las leyes del funcionamiento del mercado y del desarrollo económico, sin confrontarse con la realidad, corre el peligro de convertirse en un instrumento subordinado a los intereses de los Países que ya gozan, de hecho, de una posición de mayores ventajas económicas y financieras.

Reglas y controles, si bien de manera imperfecta, con frecuencia están presentes a nivel nacional y regional; sin embargo a nivel internacional, dichas reglas y controles se realizan y se consolidan con dificultad.

A la base de las disparidades y de las distorsiones del desarrollo capitalista, se encuentra en gran parte, además de la ideología del liberalismo económico, la ideología utilitarista, es decir la impostación teórico-práctica según la cual «lo que es útil para el individuo conduce al bien de la comunidad». Es necesario notar que una «máxima» semejante, contiene un fondo de verdad, pero no se puede ignorar que no siempre lo que es útil individualmente, aunque sea legítimo, favorece el bien común. En más de una ocasión es necesario un espíritu de solidaridad que trascienda la utilidad personal por el bien de la comunidad.

En los años veinte del siglo pasado, algunos economistas ya habían puesto en guardia para que no se diera crédito excesivamente, en ausencia de reglas y controles, a esas teorías, que hoy se han transformado en ideologías y praxis dominantes a nivel internacional.

Un efecto devastante de estas ideologías, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado y en los primeros años del nuevo siglo, ha sido la explosión de la crisis, en la que aún se encuentra sumergido el mundo.

Benedicto XVI, en su encíclica social, ha individuado de manera precisa la raíz de una crisis que no es solamente de naturaleza económica y financiera, sino antes de todo, es de tipo moral, además de ideológica. La economía, en efecto – observa el Pontífice – tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. El Papa ha denunciado, a continuación, el papel desempeñado por el utilitarismo y por el individualismo, así como las responsabilidades de quienes los han asumido y difundido como parámetro para el comportamiento óptimo de aquellos – operadores económicos y políticos – que actúan e interactúan en el contexto social. Pero Benedicto XVI ha también descubierto y denunciado una nueva ideología, la «ideología de la tecnocracia».

2. El rol de la técnica y el desafío ético.

El enorme desarrollo económico y social del siglo pasado, ciertamente luego con sus luces, pero también con sus graves aspectos de sombra, se debe, en gran parte, al continuado desarrollo de la técnica y, en las décadas más recientes, a los progresos de la informática y a sus aplicaciones, a la economía y, en primer lugar, a las finanzas.

Para interpretar con lucidez la actual nueva cuestión social, es necesario evitar el error, hijo también de la ideología neoliberal, de considerar que los problemas por afrontar son de orden exclusivamente técnico. En cuanto tales, escaparían a la necesidad de un discernimiento y de una valoración de tipo ético. Pues bien, la encíclica de Benedicto XVI pone en guardia contra los peligros de la ideología de la tecnocracia, es decir de aquella absolutización de la técnica que «tiende a producir una incapacidad de percibir todo aquello que no se explica con la pura materia» y a minimizar el valor de las decisiones del individuo humano concreto que actúa en el sistema económico-financiero, reduciéndolas a meras variables técnicas. La cerrazón a un «más allá», comprendido como algo más, respecto a la técnica, no sólo hace imposible el encontrar soluciones adecuadas para los problemas, sino que empobrece cada vez más, a nivel material y moral, a las principales víctimas de la crisis.

También en el contexto de la complejidad de los fenómenos, la relevancia de los factores éticos y culturales no puede, por lo tanto ser desatendida ni subestimada. La crisis, en efecto, ha revelado comportamientos de egoísmo, de codicia colectiva y de acaparamiento de los bienes a grande escala. Nadie puede resignarse a ver al hombre vivir como «un lobo para el otro hombre», según la concepción evidenciada por Hobbes. Nadie, en conciencia, puede aceptar el desarrollo de algunos Países en perjuicio de otros. Si no se pone remedio a las diversas formas de injusticia, los efectos negativos que se producirán a nivel social, político y económico estarán destinados a originar un clima de hostilidad creciente, e incluso de violencia, hasta minar las bases mismas de las instituciones democráticas, aún de aquellas consideradas más sólidas.

Por el reconocimiento de la primacía del ser respecto al del tener, de la ética respecto a la economía, los pueblos de la tierra deberían asumir, como alma de su acción, una ética de la solidaridad, abandonando toda forma de mezquino egoísmo, abrazando la lógica del bien común mundial que trasciende el mero interés contingente y particular. Deberían, en fin de cuentas, mantener vivo el sentido de pertenencia a la familia humana en nombre de la común dignidad de todos los seres humanos: «por encima de la lógica de los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad».

Ya en 1991, después del fracaso del colectivismo marxista, el Beato Juan Pablo II había puesto en guardia contra el peligro de «una idolatría del mercado, que ignora la existencia de bienes que, por su naturaleza, no son ni pueden ser simples mercancías». Es preciso, hoy sin demora acoger su amonestación y tomar un camino más en sintonía con la dignidad y con la vocación trascendente de la persona y de la familia humana.

3. El gobierno de la globalización.

En el camino hacia la construcción de una familia humana más fraterna y más justa y, aún antes, de un nuevo humanismo abierto a la trascendencia, se presenta particularmente actual la enseñanza del Beato Juan XXIII. En la profética Carta encíclica Pacem in terris del 1963, él advertía ya que el mundo se estaba dirigiendo hacia una unificación cada vez mayor. Tomaba pues conciencia, del hecho que en la comunidad humana, había disminuido la correspondencia entre la organización política a nivel mundial y las exigencias objetivas del bien común universal. Por consiguiente, auguraba fuera creada un día, una «Autoridad pública mundial».

Ante la unificación del mundo, propiciada por el complejo fenómeno de la globalización; ante la importancia de garantizar, además de los otros bienes colectivos, el bien representado por un sistema económico-financiero mundial libre, estable y al servicio de la economía real, la enseñanza de la Pacem in terris se presenta, hoy en día, aún más vital y digna de urgente concretización.

El mismo Benedicto XVI, en el surco trazado por la Pacem in terris, ha expresado la necesidad de constituir una Autoridad política mundial. Dicha necesidad se presenta además evidente, si se piensa que la agenda de cuestiones a tratar a nivel global se hace cada vez más amplia. Piénsese, por ejemplo, en la paz y la seguridad; en el desarme y el control de armamentos; en la promoción y la tutela de los derechos humanos fundamentales; en el gobierno de la economía y en las políticas de desarrollo; en la gestión de los flujos migratorios y en la seguridad alimentaria; en la tutela del medio ambiente. En todos esos campos, resulta cada vez más evidente la creciente interdependencia entre los Estados y las regiones del mundo, y la necesidad de respuestas, no sólo sectoriales y aisladas, sino sistemáticas e integradas, inspiradas por la solidaridad y por la subsidiaridad, y orientadas hacia el bien común universal.

Como lo recuerda Benedicto XVI, si no se sigue ese camino, también «el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes».

La finalidad de la Autoridad pública, recordaba ya Juan XXIII en la Pacem in terris, es, ante todo, la de servir al bien común. Dicha Autoridad, por tanto, debe dotarse de estructuras y mecanismos adecuados, eficaces, es decir, a la altura de la propia misión y de las expectativas que en ella se ponen. Esto es particularmente verdadero al interno de un mundo globalizado, que hace a las personas y a los pueblos permanecer cada vez más interconectados e interdependientes, pero que muestra también el peso del egoísmo y de los intereses sectoriales, entre los cuales la existencia de mercados monetarios y financieros de carácter prevalentemente especulativo, perjudiciales para la «economía real», en especial de los Países más débiles.

Es este un proceso complejo y delicado. Tal Autoridad supranacional debe, en efecto, poseer una impostación realista y ha de ponerse en práctica gradualmente, para favorecer también la existencia de sistemas monetarios y financieros eficientes y eficaces, es decir, mercados libres y estables, disciplinados por un marco jurídico adecuado, funcionales en orden al desarrollo sostenible y al progreso social de todos, e inspirados por los valores de la caridad y de la verdad. Se trata de una Autoridad con un horizonte planetario, que no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debería ser la expresión de un acuerdo libre y compartido, más allá de las exigencias permanentes e históricas del bien común mundial, y no fruto de coerciones o de violencias. Debería surgir de un proceso de maduración progresiva de las conciencias y de las libertades, así como del conocimiento de las crecientes responsabilidades. No pueden, en consecuencia, ser desatendidos considerandos superfluos, elementos como la confianza recíproca, la autonomía y la participación. El consenso debe involucrar, un número cada vez mayor de Países que se adhieren por convicción, mediante ese diálogo sincero que no margina, sino más aún que valora las opiniones minoritarias. La Autoridad mundial debería, pues, involucrar coherentemente a todos los pueblos en una colaboración a la que están llamados a contribuir con el patrimonio de sus propias virtudes y civilizaciones.

La constitución de una Autoridad política mundial debería estar precedida por una fase preliminar de concertación, de la que emergerá una institución legitimada, capaz de proporcionar una guía eficaz y, al mismo tiempo, de permitir que cada País exprese y procure el propio bien particular. El ejercicio de una Autoridad semejante, puesta al servicio del bien de todos y de cada uno, será necesariamente super partes, es decir, por encima de toda visión parcial y de todo bien particular, en vistas a la realización del bien común. Sus decisiones no deberán ser el resultado del pre-poder de los Países más desarrollados sobre los Países más débiles. Deberán, en cambio, ser asumidas que asumirlas, en el interés de todos y no sólo en ventaja de algunos grupos formados por lobbies privadas o por Gobiernos nacionales.

Una institución supranacional, expresión de una «comunidad de las Naciones», no podrá por otra parte, durar por mucho tiempo, si las diversidades de los Países, a nivel de las culturas, de los recursos materiales e inmateriales, y de las condiciones históricas y geográficas, no son reconocidas y plenamente respetadas. La ausencia de un consenso convencido, alimentado por una incesante comunión moral de la comunidad mundial, debilitaría la eficacia de la correspondiente Autoridad.

Lo que vale a nivel nacional vale también a nivel mundial. La persona no está hecha para servir incondicionalmente a la Autoridad, cuya tarea es la de ponerse al servicio de la persona misma, en coherencia con el valor preeminente de la dignidad del ser humano. Del mismo modo, los Gobiernos no deben servir incondicionalmente a la Autoridad mundial. Esta última, ante todo debe ponerse al servicio de los diversos Países miembros, de acuerdo al principio de subsidiaridad, creando, entre otras, las condiciones socioeconómicas, políticas y jurídicas indispensables también para la existencia de mercados eficientes y eficaces, que no estén hiperprotegidos por políticas nacionales paternalistas, ni debilitados por déficit sistemáticos de las finanzas públicas y de los Productos nacionales que, de hecho, impiden a los mercados operar en un contexto mundial como instituciones abiertas y competitivas.

En la tradición del Magisterio de la Iglesia, retomada con vigor por Benedicto XVI, el principio de subsidiaridad debe regular las relaciones entre el Estado y las comunidades locales, entre las Instituciones públicas y las Instituciones privadas, sin excluir aquellas monetarias y financieras. Así, en un nivel ulterior, debe regir las relaciones entre una eventual, futura Autoridad pública mundial y las instituciones regionales y nacionales. Tal principio es en garantía tanto la legitimidad democrática, como la eficacia de las decisiones de quienes están llamados a tomarlas. Permite respetar la libertad de las personas y de las comunidades de personas y, al mismo tiempo, responsabilizarlas respecto de los objetivos y de los deberes que les competen.

Según la lógica de la subsidiaridad, la Autoridad superior ofrece su subsidium, es decir su ayuda, cuando la persona y los actores sociales y financieros son intrínsecamente inadecuados o no logran hacer por sí mismos lo que les es requerido. Gracias al principio de solidaridad, se construye una relación durable y fecunda entre la sociedad civil planetaria y una Autoridad pública mundial, cuando los Estados, los cuerpos intermedios, las diversas sociedades – incluidas aquellas económicas y financieras – y los ciudadanos toman las decisiones dentro de la prospectiva del bien común mundial, que trasciende el nacional.

«El gobierno de la globalización» - se lee en la Caritas in veritate - «debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos, que colaboren recíprocamente». Sólo así se puede evitar el riesgo del aislamiento burocrático de la Autoridad central, que correría el peligro de la deslegitimación de una separación demasiado grande de las realidades sobre las cuales se funda, y podría fácilmente caer en tentaciones paternalistas, tecnocráticas, o hegemónicas.

Sin embargo permanece aún un largo camino por recorrer antes de llegar a la constitución de una tal Autoridad pública con competencia universal. La lógica desearía que el proceso de reforma se desarrollase teniendo como punto de referencia la Organización de las Naciones Unidas, en razón de la amplitud mundial de sus responsabilidades, de su capacidad de reunir las Naciones de la tierra, y de la diversidad de sus propias tareas y de las de sus Agencias especializadas. El fruto de tales reformas debería ser una mayor capacidad de adopción de políticas y opciones vinculantes, por estar orientadas a la realización del bien común a nivel local, regional y mundial. Entre las políticas aparecen como más urgentes aquellas relativas a la justicia social global: políticas financieras y monetarias que no dañen los Países más débiles; políticas dirigida a la realización de mercados libres y estables y una distribución ecua de la riqueza mundial incluso mediante formas inéditas de solidaridad fiscal global, de la cual se referirá más adelante.

En el proceso de la constitución de una Autoridad política mundial no se pueden desvincular las cuestiones de governance (es decir, de un sistema de simple coordinación horizontal sin una Autoridad super partes), de aquellas de un shared government (es decir de un sistema que, además de la coordinación horizontal, establezca una Autoridad super partes) funcional y proporcionado al gradual desarrollo de una sociedad política mundial. La constitución de una Autoridad política mundial no podrá ser lograda sin una práctica previa de multilateralismo, no sólo a nivel diplomático, sino también y principalmente en el ámbito de los programas para el desarrollo sostenible y para la paz. No se puede llegar a un Gobierno mundial si no es dando una expresión política a interdependencias y cooperaciones preexistentes.

4. Hacia una reforma del sistema financiero y monetario internacional que responda a las exigencias de todos los Pueblos.

En materia económica y financiera, las dificultades más relevantes se derivan de la carencia de un eficaz conjunto de estructuras capaces de garantizar, además de un sistema de governance, un sistema de government de la economía y de las finanzas internacionales.

¿Qué se puede decir de esta prospectiva? ¿Cuáles son los pasos que se deben desarrollar concretamente?

Con referencia al actual sistema económico y financiero mundial, se deben subrayar dos elementos determinantes: el primero es la gradual disminución de la eficiencia de las instituciones de Bretton Woods, desde los inicios de los años Setenta. En particular, el Fondo Monetario Internacional ha perdido un carácter esencial para la estabilidad de las finanzas mundiales, es decir, el de reglamentar la creación global de moneda y de velar sobre el monto de riesgo del crédito asumido por el sistema. En definitiva, ya no se dispone más de ese «bien público universal» que es la estabilidad del sistema monetario mundial.

El segundo factor es la necesidad de un corpus mínimo compartido de reglas necesarias para la gestión del mercado financiero global, que ha crecido mucho más rápidamente que la «economía real» habiéndose velozmente desarrollado, por efecto de un lado, de la abrogación generalizada de los controles sobre los movimientos de capitales y de la tendencia a la desreglamentación de las actividades bancarias y financieras; y, por el otro, con los progresos de la técnica financiera favorecidos por los instrumentos informáticos.

En el plano estructural, en la última parte del siglo anterior, la moneda y las actividades financieras a nivel global crecieron mucho más rápidamente que las producciones de bienes y servicios. En dicho contexto, la cualidad del crédito ha tendido a disminuir, hasta exponer a los institutos de crédito a un riesgo mayor de aquel razonablemente sostenible. Baste observar lo acaecido a los grandes y pequeños institutos de crédito en el contexto de las crisis que se manifestaron en los años ochenta y noventa del siglo anterior y, en fin, en la crisis de 2008.

Aún en la última parte del siglo anterior, se desarrolló la tendencia a definir las orientaciones estratégicas de la política económica y financiera al interno de clubes y de grupos más o menos amplios de los Países más desarrollados. Sin negar los aspectos positivos de este enfoque, no se puede dejar de notar que así, no parece respetarse plenamente el principio representativo, en particular de los Países menos desarrollados o emergentes.

La necesidad de tener en cuenta la voz de un mayor número de Países ha conducido, por ejemplo, a la ampliación de dichos grupos, pasando así del G7 al G20. Ha sido, ésta, una evolución positiva, en cuanto ha consentido involucrar, en las orientaciones para la economía y las finanzas globales, la responsabilidad de Países con una población más elevada, en vías de desarrollo y emergentes.

En el ámbito del G20 pueden, por lo tanto, madurar directrices concretas que, oportunamente elaboradas en las apropiadas sedes técnicas, podrán orientar los órganos competentes a nivel nacional y regional en la consolidación de las instituciones existentes y en la creación de nuevas instituciones con apropiados y eficaces instrumentos a nivel internacional.

Los líderes mismos del G20 afirman en la Declaración final de Pittsburgh de 2009 que «la crisis económica demuestra la importancia de comenzar una nueva era de la economía global basada en la responsabilidad». A fin de hacer frente a la crisis y abrir una nueva era «de la responsabilidad», además de las medidas de tipo técnico y de corto plazo, los leaders proponen una «reforma de la arquitectura global para afrontar las exigencias del siglo XXI»; y por tanto además «un marco que permita definir las políticas y las medidas comunes con el objeto de producir un desarrollo global sólido, sostenible y equilibrado».

Es preciso por tanto, dar inicio a un proceso de profunda reflexión y de reformas, recorriendo vías creativas y realistas, que tiendan a valorizar los aspectos positivos de las instituciones y de los fora ya existentes.

Una atención específica debería reservarse a la reforma del sistema monetario internacional y, en particular, al empeño para dar vida a una cierta forma de control monetario global, desde luego ya implícita en los Estudios del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que, en cierta medida, esto equivale a poner en discusión los sistemas de cambio existentes, para encontrar modos eficaces de coordinación y supervisión. Se trata de un proceso que debe involucrar también a los Países emergentes y en vías de desarrollo, al momento de definir las etapas de adaptación gradual de los instrumentos existentes.

En el fondo se delinea, en prospectiva, la exigencia de un organismo que desarrolle las funciones de una especie de «Banco central mundial» que regule el flujo y el sistema de los intercambios monetarios, con el mismo criterio que los Bancos centrales nacionales. Es necesario redescubrir la lógica de fondo, de paz, coordinación y prosperidad común, que portaron a los Acuerdos de Bretton Woods, para proveer respuestas adecuadas a las cuestiones actuales. A nivel regional, dicho proceso podría realizarse con valorización de las instituciones existentes como, por ejemplo, el Banco Central Europeo. Esto requeriría, sin embargo, no sólo una reflexión a nivel económico y financiero, sino también y ante todo, a nivel político, con miras a la constitución de instituciones públicas correspondientes que garanticen la unidad y la coherencia de las decisiones comunes.

Estas medidas se deberían ser concebidas como unos de los primeros pasos en la prospectiva de una Autoridad pública con competencia universal; como una primera etapa de un más amplio esfuerzo de la comunidad mundial por orientar sus instituciones hacia la realización del bien común. Deberán seguir otras etapas, teniendo en cuenta que las dinámicas que conocemos pueden acentuarse, pero también acompañarse de cambios que hoy día sería en vano tratar de prever.

En dicho proceso, es necesario recuperar la primacía de lo espiritual y de la ética y, con ello, la primacía de la política – responsable del bien común – sobre la economía y las finanzas. Es necesario volver a llevar estas últimas al interno de los confines de su real vocación y de su función, incluida aquella social, en vista de sus evidentes responsabilidades hacia la sociedad, para dar vida a mercados e instituciones financieras que estén efectivamente al servicio de la persona, es decir, que sean capaces de responder a las exigencias del bien común y de la fraternidad universal, trascendiendo toda forma de monótono economicismo y de mercantilismo performativo.

En la base de dicho enfoque de tipo ético, parece pues, oportuno reflexionar, por ejemplo,

a) sobre medidas de imposición fiscal a las transacciones financieras, mediante alícuotas equitativas, pero moduladas con gastos proporcionados a la complejidad de las operaciones, sobre todo de las que se realizan en el mercado «secundario». Dicha imposición sería muy útil para promover el desarrollo global y sostenible, según los principios de la justicia social y de la solidaridad; y podría contribuir a la constitución de una reserva mundial de apoyo a los Países afectados por la crisis, así como al saneamiento de su sistema monetario y financiero;
b) sobre formas de recapitalización de los bancos, incluso con fondos públicos, condicionando el apoyo a comportamientos «virtuosos» y finalizados a desarrollar la «economía real»;
c) sobre la definición de ámbito de actividad del crédito ordinario y del Investment Banking. Tal distinción permitiría una disciplina más eficaz de los «mercados paralelos» privados de controles y de límites.

Un sano realismo requeriría el tiempo necesario para construir amplios consensos, pero el horizonte del bien común universal está siempre presente con sus exigencias ineludibles. Es deseable, por consiguiente, que todos los que, en las Universidades y en los diversos Institutos, llamados a formar las clases dirigentes del mañana, es deseable se dediquen a prepararlas para asumir sus propias responsabilidades de discernir y de servir al bien público global, en un mundo que cambia constantemente. Es necesario resolver la divergencia entre la formación ética y la preparación técnica, evidenciando en modo particular la ineludible sinergia entre los campos de la praxis y de la poiésis.

El mismo esfuerzo es requerido a todos los que están en grado de iluminar la opinión pública mundial, para ayudarla a afrontar este mundo nuevo no ya en la angustia, sino en la esperanza y en la solidaridad.

Conclusiones

En medio de las incertezas actuales, en una sociedad capaz de movilizar medios ingentes, pero cuya reflexión en el campo cultural y moral permanece inadecuada respecto a su utilización en orden a la obtención de fines apropiados, estamos llamados a no rendirnos, y a construir sobre todo, un futuro que tenga sentido para las generaciones venideras. No se ha de temer el proponer cosas nuevas, aunque puedan desestabilizar equilibrios de fuerza preexistentes que dominan a los más débiles. Son una semilla que se arroja en la tierra, que germinará y no tardará en dar frutos. 

Como ha exhortado Benedicto XVI, son indispensables personas y operadores, en todos los niveles – social, político, económico y profesional – motivados por el valor de servir y promover el bien común mediante una vida buena. Sólo ellos lograrán vivir y ver más allá de las apariencias de las cosas, percibiendo el desvarío entre lo real existente y lo posible nunca antes experimentado.

Pablo VI ha subrayado la fuerza revolucionaria de la «imaginación prospectiva», capaz de percibir en el presente las posibilidades inscritas en él y de orientar a los seres humanos hacia un futuro nuevo. Liberando la imaginación, la persona humana libera su propia existencia. A través de un compromiso de imaginación comunitaria es posible transformar, no sólo las instituciones, sino también los estilos de vida, y suscitar un futuro mejor para todos los pueblos.

Los Estados modernos, en el transcurso del tiempo, se han transformado en conjuntos estructurados, concentrando la soberanía al interior del propio territorio. Sin embargo las condiciones sociales, culturales y políticas han mutado progresivamente. Ha aumentado su interdependencia – hasta llegar a ser natural el pensar en una comunidad internacional integrada y regida cada vez más por un ordenamiento compartido – pero no ha desaparecido una forma deteriorada de nacionalismo, según el cual el Estado considera poder conseguir de modo autárquico, el bien de sus propios ciudadanos.

Hoy, todo eso parece surreal y anacrónico. Hoy, todas las naciones, pequeñas o grandes, junto con sus Gobiernos, están llamadas a superar dicho «estado de naturaleza» que ve a los Estados en perenne lucha entre sí. No obstante de algunos aspectos negativos, la globalización está unificando en mayor medida a los pueblos, impulsándolos a dirigirse hacia un nuevo «estado de derecho» a nivel supranacional, apoyado por una colaboración más intensa y fecunda. Con una dinámica análoga a la que en el pasado ha puesto fin a la lucha «anárquica», entre clanes y reinos rivales, en orden a la constitución de Estados nacionales, la humanidad hoy, tiene que comprometerse en la transición de una situación de luchas arcaicas entre entidades nacionales, hacia un nuevo modelo de sociedad internacional con mayor cohesión, poliárquica, respetuosa de la identidad de cada pueblo, dentro de las múltiples riquezas de una única humanidad. Este pasaje, que por lo demás tímidamente ya se está en curso, aseguraría a los ciudadanos de todos los Países – cualquiera que sea la dimensión o la fuerza que posee – paz y seguridad, desarrollo, libres mercados, estables y transparentes. «Así como dentro de cada Estado [...] el sistema de la venganza privada y de la represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley – advierte Juan Pablo II – «así también es urgente ahora que semejante progreso tenga lugar en la Comunidad internacional».

Los tiempos para concebir instituciones con competencia universal llegan cuando están en juego bienes vitales y compartidos por toda la familia humana, que los Estados, individualmente, no son capaces de promover y proteger por sí solos.

Existen, pues, las condiciones para la superación definitiva de un orden internacional «westfaliano», en el que los Estados perciben la exigencia de la cooperación, pero no asumen la oportunidad de una integración de las respectivas soberanías para el bien común de los pueblos.

Es tarea de las generaciones presentes reconocer y aceptar conscientemente esta nueva dinámica mundial hacia la realización de un bien común universal. Ciertamente, esta transformación se realizará al precio de una transferencia gradual y equilibrada de una parte de las competencias nacionales a una Autoridad mundial y a las Autoridades regionales, pero esto es necesario en un momento en el cual el dinamismo de la sociedad humana y de la economía, y el progreso de la tecnología trascienden las fronteras, que en el mundo globalizado, de hecho están ya erosionadas.

La concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas instituciones con vocación y competencia universales, son una prerrogativa y un deber de todos, sin distinción alguna. Está en juego el bien común de la humanidad, y el futuro mismo.

En este contexto, para cada cristiano hay una especial llamada del Espíritu a comprometerse con decisión y generosidad, para que las múltiples dinámicas en acto, se dirijan las hacia prospectivas de la fraternidad y del bien común. Se abren inmensas áreas de trabajo para el desarrollo integral de los pueblos y de cada persona. Como afirman los Padres del Concilio Vaticano II, se trata de una misión al mismo tiempo social y espiritual que, «en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios».

En un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una Autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana. No ha de ser olvidado, sin embargo, que esta paso, dada la naturaleza herida de los seres humanos, no se realiza sin angustias y sufrimientos.

La Biblia, con el relato de la Torre de Babel (Génesis 11,1-9) advierte cómo la «diversidad» de los pueblos puede transformarse en vehículo de egoísmo e instrumento de división. En la humanidad está muy presente el riesgo de que los pueblos terminen por no comprenderse más y que las diversidades culturales sean motivo de contraposiciones insanables. La imagen de la Torre de Babel también nos señala que es necesario preservarse de una «unidad» sólo aparente, en la que no cesan los egoísmos y las divisiones, porque los fundamentos de la sociedad no son estables. En ambos casos, Babel es la imagen de lo que los pueblos y los individuos pueden llegar a ser cuando no reconocen su intrínseca dignidad trascendente y su fraternidad.

El espíritu de Babel es la antítesis del Espíritu de Pentecostés (Hechos 2, 1-12), del designio de Dios para toda la humanidad, es decir, la unidad en la diversidad. Sólo un espíritu de concordia, que supere las divisiones y los conflictos, permitirá a la humanidad el ser auténticamente una única familia, hasta concebir un mundo nuevo con la constitución de una Autoridad pública mundial, al servicio del bien común.