Como primera valoración, que es un acuerdo positivo, como todo acuerdo entre partes antes encontradas. La Conferencia no ha obtenido lo que consideraba que era necesario: el 0,82 por ciento. En Italia recibe el 0,80 por ciento; y en Suecia, más del 0,90 por ciento. Conviene explicar a los ciudadanos que señalar con la cruz la casilla de la Iglesia no significa que vayan a pagar más impuestos, sino que desean que se dé a la Iglesia Católica el 0,70 de lo que pagarán en todo caso.

Para situar correctamente este acuerdo, hay recordar que la diócesis de Málaga recibe directamente de su fieles más del 80 % de sus presupuestos; y lo que percibe del Estado es aproximadamente sólo el 20 % de los mismos.

A quienes protestan porque se financie a la Iglesia con dinero público, hay que explicarles tres cosas. La primera, que según cálculos fidedignos, la Iglesia le ahorra al Estado en torno 6.000 millones de euros cada año sólo en educación, salud y servicios sociales. Todo el mundo sabe que Andalucía, por ejemplo, dista mucho de tener las plazas escolares suficientes y las plazas necesarias en residencias de mayores; y además, las del Estado cuestan bastante más caras al contribuyente.

La segunda es que también financia con dinero público (nuestro, no del gobierno) a los sindicatos, a la televisión pública que no para de zaherir a los católicos, al cine... Con el agravante de que nadie nos pregunta en la declaración de la renta si aceptamos que se les dé nuestro dinero.

Y la tercera, que es natural que el gobierno asigne alguna partida de los presupuestos a aquellas actividades que demandan los ciudadanos. En este caso, los católicos.

Dicho esto, la nueva situación constituye una oportunidad excelente para que los católicos y las personas que valoran la inmensa tarea social de la Iglesia lo manifiesten en su declaración de la renta. Es posible que, a partir de ahora, seamos más pobres, pero seremos también más responsables y más libres.