En el Absolutismo, el rey concentra en sus manos todos los poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es el señor del ejército y de la administración. Es independiente de cualquier autoridad; no reconoce ni al emperador, ni al Papa. Considera el reino como una propiedad privada. Como consecuencia, el monarca domina todo: la nobleza, la burguesía, el ejército, el Parlamento, las asambleas políticas e incluso termina por dominar a la misma Iglesia.

Para el rey inglés Jacobo I, el rey es un personaje divino. Ha sido elegido por Dios; criticar al rey es una blasfemia. Sólo él es responsable ante Dios. Para el obispo francés Bossuet, toda autoridad reside en el rey, no puede ser compartida, ha de ser absoluta. El Estado es una gran familia, y el rey es el padre del pueblo. La monarquía es sagrada, atacar sus leyes es un sacrilegio. Fue Locke quien, a finales del XVII, sostuvo que el poder legislativo y el ejecutivo deben estar en manos distintas para evitar el “abuso del poder”.

Respecto a la Iglesia, los monarcas absolutistas ejercieron los siguientes derechos: el de nombrar obispos y abades, el de vetar la candidatura de un cardenal para ser Papa, el de censurar los documentos pontificios, el de confiscar las rentas de los clérigos que no son fieles a la monarquía, el de recurrir a un tribunal civil contra las disposiciones de la autoridad eclesiástica.

La Iglesia intentó buscar medios a su alcance para liberarse de la tutela y subordinación a la autoridad política. Procuró formar cristianamente a los hijos de las clases más influyentes a través de los colegios. Se sirvió de los concordatos, con el fin de evitar las intromisiones estatales. Cuidó para que los consejeros y confesores de los reyes recordaran a los mismos que son hijos de la Iglesia. Las medidas fueron insuficientes. Será finalmente la corriente liberal europea del siglo XIX la que ponga fin a esta situación al proclamar la separación Iglesia-Estado.