La nueva norma establece que quien desarrolle una actividad financiera vinculada a la Santa Sede (el Estado soberano, como entidad diplomática) y a la Ciudad del Vaticano (su territorio, 44 hectáreas) debe someterse a "las obligaciones de prevención del blanqueo proveniente de actividades criminales y de la financiación del terrorismo".

"La paz, en una sociedad globalizada como la de hoy -explica el Papa- está amenazada también por el uso impropio del mercado y de la economía y por la violencia del terrorismo que causa muerte, sufrimiento, odio e inestabilidad social. La Santa Sede comparte el compromiso de la comunidad internacional para controlar con instrumentos jurídicos el blanqueo y la financiación al terrorismo y por eso intenta hacer propias estas obligaciones en la utilización de los recursos materiales que sirven para desarrollar su misión y la labor del Estado de la Ciudad del Vaticano".

Quien no respete estas obligaciones ya tiene sus penas: 12 años de cárcel por delitos de blanqueo, 15 por delitos vinculados con el terrorismo, de seis meses a cuatro años por malversación, de uno a cuatro años por fraude, lo mismo por abuso de informaciones privilegiadas. Para vigilar que las normas sean respetadas, Benedicto XVI constituye la Autoridad de Información Financiera (AIF), "un organismo autónomo e independiente", del que no se sabe quién será el presidente y quiénes lo integrarán, que empezará su trabajo el 1 de abril de 2011. Sus miembros serán nombrados directamente por el Papa y vigilarán las diferentes entidades que administran dinero en la Iglesia: el APSA (que gestiona el patrimonio inmobiliario), el Governatorato (museos, empleados, farmacia, guardia suiza...) y el IOR, el Instituto para las Obras de Religión (el Banco Vaticano).

Con esta ley "se evitarán en el futuro" -ha dicho el portavoz vaticano, Federico Lombardi- "aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles. En resumen, la Iglesia será más creíble ante la comunidad internacional y sus miembros". "La nueva normativa obedece a la exigencia de conservar el eficaz funcionamiento de los organismos que operan en el marco económico y financiero para el servicio de la Iglesia Católica en el mundo, y aún más, a la necesidad moral de la transparencia, honestidad y responsabilidad que hay que observar siempre en el ámbito social y económico", ha añadido el jesuita.

Con estas medidas, el Vaticano pretende entrar en la llamada lista blanca, la relación de Estados que respetan las normas de la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera (GAFI).