El Ministerio de Educación ha abierto estos días una consulta pública previa sobre un anteproyecto de ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación ¿Qué persigue está consulta?
Ha sido toda una sorpresa, porque ahora mismo la ley actual, es la LOE más las modificaciones que hizo la LOMCE, porque la LOMCE, que fue la reforma que hizo el Partido Popular, no es una ley completa, sino que modificó algunos artículos de la LOE, que fue la ley que aprobó el anterior gobierno socialista. Por tanto, parece que el gobierno actual pretende modificar tanto la LOMCE como la LOE, porque muchos de los objetivos que propone ya están recogidos en los planes anteriores. Sin mencionar el año de trabajo de la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre el pacto educativo, donde todos los sectores afectados aportaron. Una subcomisión de la que el Partido Socialista decidió retirarse porque decía que el gobierno no aumentaba la partida de Educación. Y, de pronto, nos sorprenden con una consulta pública previa. Es más, antes de acabar el plazo, el 7 de noviembre, el Ministerio ha publicado su propuesta, obviamente, sin recoger las aportaciones de la consulta.

¿Cuándo se abrió esta consulta?
El plazo ha sido del 26 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2018. Pero la noche del 9 de noviembre comencé a recibí correos electrónicos en los que se me informaba de que ya estaba lleno el buzón y no admitía más correos, cuando el plazo no había expirado aún.

¿Qué propone está ley?
Entre los objetivos de la norma explica que pretende “regular el ejercicio del derecho a una enseñanza de la religión confesional, sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media obtenida en enseñanzas académicas, en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede”. Lo que va claramente en contra de los acuerdos Iglesia-Estado que dice que tiene que ser “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Entonces tendríamos que dejar de evaluar el resto de asignaturas y no hacer nota media, para así equipararlas. Al gobierno se le ha debido olvidar que hay dos sentencias recientes, una del Tribunal Constitucional y otra del Supremo reconociendo el estatus de la asignatura de Religión igual al del resto de las asignaturas. El alto tribunal dictó que la asignatura de Religión y su alternativa no sólo deben incluirse como materias opcionales, sino que, como dicta la LOMCE, son evaluables y la nota cuenta para la media del curso «a todos los efectos», para optar a beca o calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación.

Y todo esto se ha hecho sin consultar a los padres...
Ni a las federaciones de padres y madres, ni a los titulares, ni a los profesores, ni al personal no docente, ni a los alumnos mayores, por lo que suena a planificación unilateral. Decía en un programa de radio que estaba escuchando estos días que parece que los hijos son del Estado y no hay que olvidar que los hijos son de sus padres. Y como bien recoge la Constitución, son las familias las que tienen el derecho a elegir el tipo de educación que les dan a sus hijos. Con esta modificación ¿Se quiere saltar el gobierno la libertad de enseñanza a la que tenemos derecho todos los españoles?

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