Representantes de distintas entidades sociales y religiosas, voluntarios y trabajadores de Cáritas Diocesana, junto a otras personas interesadas en conocer los resultados de este estudio, llenaron el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Málaga.

El VIII Informe Foessa es el resultado de una investigación de 4 años en la que se han utilizado fuentes propias, como la encuesta FOESSA 2018, como secundarias (INE, Contabilidad Nacional, CIS…). La encuesta se ha realizado a nivel estatal en 11.655 hogares, de las que se ha obtenido información de 29.953 personas. Para el caso de Andalucía se han llevado a cabo 667 encuestas (hogares) que arrojan información de 1.810 personas.

Además de la elaboración propia en la que han intervenido numerosos técnicos y miembros de varias universidades, uno de los elementos más importantes de este informe es su forma de aproximarse a la pobreza entendiéndola no sólo como algo material (económico).

En él se mide la exclusión social a través de 35 indicadores que valoran la participación en el empleo, en la capacidad de renta, en el acceso a derechos básicos como son la vivienda, la salud, la educación, participación política, y la ausencia de lazos sociales (la soledad) y las relaciones sociales conflictivas.

Este tipo de abordaje plantea una aproximación a la pobreza mucho más global y sobre todo más fiel a lo que pasa en el día a día de las personas.

1.5 millones de personas en situación de exclusión

El resultado de la encuesta realizada por Cáritas destaca que dos tercios de la población andaluza han recuperado los niveles previos a la crisis, aunque de distinta forma. Esta sociedad, la integrada, se ha reconfigurado en dos grupos: uno de ellos, la sociedad de oportunidades, en el que se encuentran 5,7 millones de andaluces y no tienen ninguna dificultad para su supervivencia; en el segundo grupo, la sociedad insegura, se ubican un millón de andaluces, y aunque disfrutan de una situación de integración, viven al filo de la navaja y tienen la certeza de que no se recuperarían si se presentase una nueva crisis.

En el sector de la exclusión social se encuentra el 18,6% de los andaluces, lo que afecta alrededor de un millón y medio de personas. Un sector de la población que tiene algún problema relacionado con la vivienda, la salud, el empleo, o han agotado la red de apoyo que les permitía salir a flote. De estos, cerca de 760.000 personas viven la exclusión de forma severa y de ellos, más de 300.000 acumulan tantos problemas que se podrían considerar descartados por la sociedad.

Esta es la huella principal de una crisis que no recupera los niveles previos a la misma después de la Gran Recesión.

El rostro de la exclusión

Uno de los rasgos que destaca este informe es que la pobreza se hereda. Una persona nacida en un hogar con limitados recursos materiales y pocos ingresos económicos, tienen más posibilidades de quedar instalados en la exclusión. En esta situación, se duplica la posibilidad de no terminar la ESO.

Por otro lado, las mujeres sufren determinados factores que dificultan o agravan el riesgo de exclusión. Factores como una mayor dificultad en el acceso a la vivienda o la brecha de ingresos en el empleo o las prestaciones. Así, una mujer tiene que trabajar una hora y media más, dos si es inmigrante, para ganar lo mismo que un hombre.

Aunque existe una gran variedad de perfiles, un hogar en situación de exclusión en Andalucía suele estar sustentado por un hombre, español, de 45 a 64 años, con hijos a su cargo, bajo nivel de estudios y en búsqueda activa de empleo.

Si hablamos de la situación demográfica de la exclusión social, hablamos de un término transversal a los distintos barrios, pueblos o ciudades, encontrando familias en exclusión tanto en barrios degradados, como en barrios en buenas condiciones, llama la atención que el 85% de los hogares en situación de exclusión residen barrios en buenas condiciones.

Sin embargo, es destacable el alto nivel de exclusión que generan los barrios degradados, ya que el 84% de la población de estos núcleos vive la exclusión, casi duplicando la media del conjunto español.

El factor económico, motivo principal de la exclusión en Andalucía

Aunque ha disminuido el desempleo, la desprotección y la precariedad han provocado que hoy las personas con trabajo no estén exentas de la exclusión. La temporalidad y los bajos salarios han creado trabajadores pobres. Esta situación está calando en la sociedad la idea de que el trabajo es más un privilegio que un derecho.

El desempleo en Andalucía todavía alcanza al 23% de la población, multiplicando por 1,8 la tasa de paro del año 2007, que se situaba en el 13%.
El 12% de las personas que trabajan se encuentran bajo el umbral de la pobreza y el 15% en exclusión social, a pesar de su esfuerzo personal no consiguen unas condiciones de vida mínimas.

El 10% convive en hogares donde todas las personas activas sufren el desempleo.
En cuanto a vivienda, resulta preocupante que 226.000 andaluces vivan con la incertidumbre de quedarse sin casa, y que 750.000 personas vivan en la pobreza severa después de pagar gastos de hipotecas, alquileres o suministros como el gas, la luz o el agua.

En lo referente a la salud, las limitaciones económicas dificultan el acceso a los recursos sanitarios básicos que están fuera de la competencia de la sanidad pública. El 7% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas. Esta circunstancia genera una desigualdad que tiene mayor impacto en las personas con discapacidad. Un 33% de estas sufren la exclusión social, el doble que las personas sin discapacidad.

La educación es otro factor destacable relacionado con la exclusión social. Así, los niños de 3 a 15 años no escolarizados, triplican la media estatal. Los mayores sin estudios, por otro lado, la superan.

Cáritas, primer recurso después de acudir a los Servicios Sociales

El gasto en prestaciones sociales en Andalucía es notablemente inferior al del Estado, especialmente en ayudas destinadas a los más vulnerables como las prestaciones de renta mínima cuya cobertura es inferior al 20% de la población en exclusión severa, además de ser una cuantía deficiente para atender a las necesidades básicas de las personas.

A pesar de la insuficiente inversión en políticas sociales, 2,5 de cada 10 personas en situación de exclusión han acudido a los servicios sociales públicos, y 2 de cada 10 personas han acudido a Cáritas, lo que hace que Cáritas sea la primera entidad social de Andalucía a la que acuden las personas vulnerables, después de los servicios sociales públicos.

En definitiva, en el año 2013 Cáritas planteaba que se estaba privatizando el vivir social, y cinco años después, tras este análisis, advierte que “vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás, y por ello necesitamos revincularmos, y la construcción de comunidad tendrá un papel esencial”.