«El acceso a las cárceles es uno de los principales problemas que nos encontramos a nivel nacional,- explica Fernández Alejo-  ya que normalmente se encuentran fuera de las ciudades, y no son muy frecuentes los autobuses que llegan a ellas. Es una lucha con la que llevamos muchísimos años». En Málaga podemos ver que «la distancia que separa el Centro Penitenciario Málaga II, en Archidona, de la localidad más cercana en la que hay parada de autobús, Villanueva del Trabuco, es de 5,2 kilómetros. Una distancia que recorren a pie muchos de los familiares y amigos de los 400 presos que alberga en la actualidad este centro penitenciario y que no disponen de vehículo para hacer un trayecto de 7 minutos en coche. Sabemos que a las empresas de transporte no les sale rentable poner un autobús. En Sevilla, por ejemplo, de donde soy delegado de Pastoral Penitenciaria, tras muchos años y muchas reuniones con empresas públicas y privadas, hemos encontrado una solución intermedia. Para acudir al Centro de Inserción Social (C.I.S.) situado a 17 km de la ciudad, los cientos de personas que acuden, pueden llamar el día anterior a la empresa de autobuses y así el conductor se desviará 6 kilómetros y les dejará en el este centro». Sobre este asunto puede leer un hilo de twitter en @DiocesisMalaga

Como destaca el sacerdote Pedro Fernández Alejo, «una de las lacras más graves que tenemos ahora mismo en nuestras cárceles, y lo estamos denunciando a todos los niveles, es que están llenas de jóvenes con muchas patologías psicológicas; bien sea por el consumo de drogas, pastillas de diseño o alcohol. Los chavales van paulatinamente deteriorándose y convertimos las cárceles en psiquiátricos, que no cuentan con una atención médica para todos estos trastornos mentales. Si nos remitimos al psiquiátrico penitenciario de Sevilla, donde hay 180 enfermos mentales y solo hay dos psiquiatras cuando tendría que haber cuatro, ¿qué ayuda psiquiátrica van a recibir los jóvenes en un centro penitenciario común?».

En España, «los patios están llenos de jóvenes con patologías. Deberíamos volver la mirada hacia las estructuras políticas, judiciales y sanitarias para que se detecten en la calle las anomalías que no se detectan, ni se tratan en la calle. Los brotes esquizofrénicos son más vez más frecuentes. Si a ello, le sumamos la falta de valores éticos y religiosos de nuestra sociedad, estamos viendo cómo va aumentando la violencia a nivel nacional. ¿Qué pasa entonces con las personas que presentan problemas como los brotes psicóticos? Si en la calle no se tratan, la institución penitenciaria tampoco los trata, ya que en las cárceles muchas veces carecen de psiquiatras. Vamos a trabajar entre todos para tratar las diferentes psicopatías o enfermedades mentales que encontramos en las cárceles. Es más fácil castigar que prevenir o sanar y esto es lo que denunciamos desde Pastoral Penitenciaria. Los trabajos en beneficio de la comunidad serían una buena solución alternativa a la prisión preventiva en muchos casos».

Otro asunto a tratar seriamente – continúa Fernández Alejo- es la «prisión permanente revisable, ya que en el código penal español tenemos los medios suficientes para que una persona que comete delitos muy graves pueda y deba cumplir las penas que el juez le impone. Actualmente se deja en manos de profesionales de la institución penitenciaria la decisión de ampliar la pena que anteriormente le impuso el juez. Esto no es justo y no es constitucional. Las condenas son revisadas por juristas, psiquiatras o psicólogos de la cárcel, pero no por un juez, que sería el único capacitado para dictar una sentencia penal de esta envergadura».