Había sido elegido presidente de la República un antiguo seminarista, Emile Combes, que acabó militando en la masonería; su radicalismo y odio a la Iglesia lo llevó a romper sus relaciones con la Santa Sede, suprimiendo el Concordato de 1801, y redactando la “Ley de separación de la Iglesia y el Estado francés”. Esta ley, aprobada en 1905, negaba a la Iglesia su personalidad jurídica, dejando por tanto de ser sujeto de derechos. Los bienes de la Iglesia en Francia quedaron sin propietarios y pasaron a un nuevo dueño: las “Asociaciones Cultuales”. Pío X condenó la Ley de Separación y las Asociaciones Cultuales. En abril de 1908, la Iglesia en Francia perdió todos sus bienes muebles e inmuebles y fue suprimida la subvención al clero. Muchos lugares de culto y otros objetos religiosos fueron a parar a manos de particulares.

En Portugal, durante el reinado de Carlos I, se suprimieron las órdenes religiosas. Su sucesor, Manuel II, fue destronado y se instauró la República. Esta siguió el camino del sectarismo francés. La masonería influyó mucho en sus gobernantes. Se confiscaron los bienes de la Iglesia y se rompieron las relaciones con la Santa Sede; medidas como estas contribuyeron a la descristianización de Portugal.

En España revistió especial gravedad la llamada “Semana Trágica” de Barcelona. El anticlericalismo y el sectarismo antirreligioso permitió que grupos incontrolados asesinaran a tres clérigos e incendiaran 40 conventos y 12 parroquias. En el gobierno de Canalejas se aprobó la “Ley del Candado”. En ella se prohibía el establecimiento de nuevas órdenes religiosas. Esta ley, que aparentaba un cierto anticlericalismo, no sirvió para nada.

En los últimos días de su vida, escribió el documento “Dum Europa” implorando a las naciones que evitaran la guerra.