«Venimos porque nos han extorsionado en nuestro país. Mi marido vino antes que yo y está en el CETI, pero a mí no me dejan ingresar. No tengo acceso a un baño, tengo que dormir en la calle. Nos dicen una cosa y luego es otra. No nos dan nada». Así expresaba Jenny, una de las afectadas, la situación que le ha tocado vivir al llegar a Melilla procedente de Colombia. Su marido se encontraba ya en el Centro de Estancia Temporal, puesto que había viajado tiempo atrás, antes de que la burocracia generara esa "bolsa" de incertidumbre para las personas que llegaban con el deseo de solicitar asilo en España. «Debido al cambio en el sistema de citas de asilo (antes presencial, ahora de forma telemática), las personas solicitantes obtienen un resguardo de cita que el CETI no está admitiendo como manifestación de voluntad, en contra del criterio expuesto por parte de las autoridades policiales competentes. Una falta de coordinación entre Administraciones que está provocando la vulneración del derecho al asilo y una deshumanización de nuestras instituciones», afirma el primer comunicado de la Delegación de Migraciones, que se hizo público en las primeras horas de conocerse la noticia. En él se explica que «se ha improvisado un pequeño asentamiento en las inmediaciones del CETI, sin ningún tipo de asistencia, ni acceso a los servicios mínimos. Algunas de ellas requieren asistencia médica».

Gracias al impacto mediático, a la recomendación del Defensor del Pueblo (que instó a dar respuesta a las necesidades de estas personas y a darles acogida en su condición de solicitantes de asilo) y a la insistente labor que las organizaciones civiles y cristianos comprometidos con su fe han llevado a cabo, la situación ha abandonado el punto muerto el jueves 13 de marzo. Sin embargo, el problema no está solucionado. En el Círculo de Silencio que tuvo lugar en Málaga el pasado miércoles 12 de marzo, la Delegación de Migraciones adviritió que «eesta no es una situación que nos sea desconocida. Todos los aquí presentes sabemos la cantidad de trabas burocráticas que se imponen a la solicitud de asilo: dificultades en las citas, grandes inversiones económicas para el control más allá de nuestras fronteras, imposición de nuevos visados a países que inician o agravan sus conflictos políticos internos.. Todo son trabas, porque la única política de migración y asilo que se propone es la de anti-migración y anti-asilo. Cada vez se deniegan más solicitudes. Actualmente España solo reconoce el 12%, muy por debajo de la media europea, que está en torno al 40% en 2023», afirman. «Si llevamos tiempo incumpliendo la ley para evitar que se solicite asilo, o interpretándola restrictivamente para no concederlo, ahora la opción ha sido hacer una nueva ley para castigarlo: el nuevo Reglamento de extranjería que entra en vigor en mayo, que castiga a los solicitantes de asilo con la irregularidad administrativa. Lo aprobado es, básicamente, lo siguiente: "denegaremos más permisos y todo el tiempo que has estado en España, aunque sea trabajando, se volverá invisible para nosotros. No te concederemos NINGÚN derecho derivado de ese arraigo en nuestro país. Y aunque cumplieras algún supuesto para solicitar un permiso, no podrás solicitarlo hasta después de seis meses". No podíamos dejar de advertir sobre ello, una vez más, y con mayor preocupación, después de la noticia de ayer, en la que la Comisión Europea da luz verde a que los países puedan enviar migrantes que hayan sido rechazados a campos de deportación fuera del territorio europeo. ¿Cuál es el plan de esta política migratoria? Rechazar, denegar, impedir regularización, detener, garantizar la expulsión y, encima, llevarlos fuera de todo tipo de control. Verdaderamente, cada generación tiene que conquistar sus derechos, no podemos dar por supuesto nada en lo que a los derechos humanos se refiere. La UE no es más fuerte y más segura por cerrar sus fronteras. Será más fuerte y más segura si respeta, garantiza y promueve los derechos humanos en todo el mundo, empezando por ella misma».

Entre las personas que han sufrido las consecuencias de este sistema injusto hay algunas procedentes de Venezuela, Colombia y Mali. Uno de los malienses es Barry, quien desea solicitar asilo en España para escapar de la guerra que vive su país desde 2012. En la calle han tenido que soportar lluvia, frío, el miedo constante de ser desalojados... El jueves 6 de marzo, debido a las fuertes lluvias, la Ciudad Autónoma los hospedó por una noche en una pensión. 

La Diócesis de Málaga, que a través de esta delegación ha expresado continuamente su solidaridad y apoyo, manifestó en un primer momento su preocupación por «la falta de respuesta por parte de la Administración, que tiene el deber de coordinarse con todas las autoridades competentes e incluso permitir y fomentar la cooperación ciudadana, para evitar que se den estas situaciones injustas y contrarias al bien común», y agradeció «a todas las entidades sociales -entre las que se encuentra la Iglesia en Melilla-, que están acompañando y tratando de atender las necesidades de nuestros hermanos».

Fernando Moreno, diácono permanente, voluntario de la Delegación y presidente de “Despuntes de Primavera” y su proyecto “Geum Dodou”, es rostro de muchos otros cristianos sensibles a esta situación que no han parado de acompañar a estos hermanos y hermanas migrantes. Él cuenta que desde estas organizaciones «llevamos ya cerca de tres años acompañando a las personas migrantes». En este caso, fueron ellos quienes facilitaron a las personas en situación de calle tiendas de campaña para no pasar la noche al raso. «Estamos pendientes de su situación y necesidades. Pero nos preocupa mucho qué va a pasar con ellos, que Melilla se convierta en una “ratonera”. Las citas tardan mínimo un mes, ya están cerradas hasta mayo, y no se les da solución mientras tanto. Como católicos, vemos que nuestra conversión pasa por acercarnos a los que sufren, que las llagas de Cristo son estos hermanos y hermanas nuestros», afirmaba antes de la resolución.

Finalmente, las personas que se habían visto atrapadas en esta situación han sido trasladadas a Málaga, donde pasarán a ser acogidos por CEAR, que les dará una atención integral, y a la espera de que el Ministerio de Inclusión les permita, como ha anunciado, tramitar su solicitud de asilo.