Por si fuera poco, parió la abuela: ahora el Supremo limita a un año el plazo para que el cónyuge «más necesitado» encuentre una vivienda tras el divorcio. De hecho, la sentencia del Alto Tribunal sienta jurisprudencia en casos donde el uso de la vivienda familiar esté en cuestión tras una separación.

La desestructuración familiar, los bajos salarios, los altos precios de la vivienda, están propiciando, entre otros motivos, que cada vez sea más difícil encajar una vida con dignidad. Por no hablar de las personas sin hogar; se enfrentan a la exclusión social más severa: privadas del acceso a un trabajo, a una vivienda y a los recursos económicos necesarios para su sustento, alcanzan en España el número de 40.000 personas. De hecho, un porcentaje, nada desdeñable, se encuentra en Málaga. Y otro dato escalofriante: casi la mitad de las personas que acuden a Cáritas diocesana son trabajadores o pensionistas aumentando por días el número de quien vive en habitaciones realquiladas y compartidas.

El derecho a una vivienda digna no se soluciona con viviendas sociales; el derecho a la vivienda encontrará cauces de solución en una regulación del mercado y por supuesto alejando el debate de posiciones políticas y sí acercándolo a una demanda social mayoritaria. En este sentido, tenemos que darle una vuelta al tema de la vivienda, es algo muy serio y urgente.

Artículo publicado en la sección de OPINIÓN del DIARIO SUR