Hace ahora una semana se publicaba que agentes de la Policía Nacional habían detenido a un hombre que, presuntamente, agredió sexualmente a varias mujeres a las que sedaba y grababa. Es sacerdote. A raíz de esta detención se le retiraron las licencias ministeriales.

Sé del dolor que ha generado esta noticia. La Diócesis de Málaga ha actuado y pide personarse como acusación particular en la causa, a la vez que inició el procedimiento para la expulsión del estado clerical de este sacerdote, según la normativa canónica.

Sé que desde el primer momento se instó a quien afirmaba tener pruebas a denunciar. Sí, desde el primer momento. Urgía. La verdad nos hace libres. Cuando la denunciante quiso hablar con el obispo en dos ocasiones se le pidió que pusiera por escrito lo que deseaba decirle, para poder atender adecuadamente su petición; algo que no ocurrió. El discurso de ocho meses que va desde que la mujer advierte que tiene las pruebas que podrían ser constitutivas de delito y la interposición de la denuncia pasó primeramente por afirmar que se cuenta con ellas, para luego negar que se tienen, para más tarde alertar, mantener un impase y finalmente denunciar.

Una pérdida de tiempo precioso que se habría podido evitar si se hubiera denunciado el primer día porque en este proceso, cuya documentación desconocía el Obispado y las parroquias de Melilla, se ha pretendido facilitar la denuncia para hacer justicia; no obstante, a nadie se le escapa la complejidad de este asunto, donde cada minuto corría a la contra.

Artículo publicado el lunes 2 de octubre de 2023 en la sección de Opinión del DIARIO SUR