Más allá de que la cifra de los 4.700 euros sea el referido al montante global que Madrid entrega a las ONG que se encargan en la comunidad autónoma de la acogida de menores, españoles y extranjeros, en concepto de salario de los trabajadores o cubrir necesidades de espacio, conviene saber que los menores extranjeros de los que hablamos en Madrid, a fecha de marzo de este año son 269.

¿Qué se pretende, que a los menores extranjeros no se les atienda, no se les eduque para insertarlos socialmente o no se les ayude como al resto de los niños y adolescentes españoles? Utilizar a los MENA, discriminándolos y utilizándolos como arma política arrojadiza, sea uno o doscientos sesenta y nueve, es mezquino y desenfoca el problema. Amén de evidenciar una ruptura con las directrices de la Unión Europea, máxime cuando estamos pendientes de la modificación del Reglamento de Extranjería. De hecho, el actual Reglamento incumple los compromisos internacionales suscritos por España, entre otros el referido a la Convención de los Derechos del Niño; por cierto, tampoco da cumplimiento efectivo al art. 35.7 de la Ley de Extranjería al no considerar de manera primordial el interés superior del menor.

Con estos mimbres, la irrupción de los menores extranjeros en una campaña electoral autonómica no solamente abona estereotipos peligrosos sino que apunta desprecio a los derechos del menor y trata al electorado de analfabeto social; algo muy peligroso porque aunque a nadie se le escapan las dificultades, de sobra se sabe que el problema de fondo no son los MENA sino el drama migratorio, las sociedades deben entender que los menores, más allá de donde vengan, son sagrados.