Muchos conventos se despoblaron; los religiosos sin vocación se exclaustraron. La Iglesia ganó con esta depuración, pero las medidas de la Constituyente fueron un claro abuso de poder del Estado sobre la Iglesia. En julio de 1790, la Asamblea Constituyente aprobó la “Constitución civil del Clero”.

Las medidas principales fueron: la supresión de las 130 diócesis antiguas, reorganizándolas en 83 nuevas; la reducción del número de parroquias, una por cada 6.000 habitantes; la designación de los
cargos eclesiásticos se hará por elección popular; la consagración de los nuevos obispos será realizada por el metropolitano correspondiente, al Papa se le informará sobre la designación; obispos y párrocos
recibirán del Estado una paga como funcionarios y todo servicio religioso será gratis. Los diputados católicos se opusieron a esta reforma. Muchos clérigos la juraron condicionalmente, aceptándola en el caso de que Roma la aprobara. Roma tardó ocho meses en condenarla. Esta tardanza desorientó mucho. El episcopado francés denunció tal abuso estatal.

No obstante, cuatro obispos y un tercio del clero francés juraron la Constitución. El clero de Francia quedó dividido en juramentados y no juramentados, creando en la mente de muchos católicos instruidos un serio conflicto de conciencia. A Luis XVI se le prohibió comulgar de manos de un no juramentado.

El 13 de abril de 1791, el papa Pío VI condena la Constitución e invalida todos los nombramientos realizados según las normas de la misma Constitución. Ante esta situación, Luis XVI huye de Francia, pero es apresado en Varennes.