Los Estados Generales se reúnen en Versalles el 5 de mayo de 1789. No había quejas contra la monarquía ni contra la Iglesia. En principio se adoptaron medidas liberales: se suprimió el sistema de privilegios, se sugirió la revisión de las propiedades inmobiliarias de monasterios e iglesias y se insistió en la redacción de una nueva constitución. En junio del mismo año, el Tercer Estado decidió constituirse en Asamblea Nacional con el fin de redactar una nueva constitución para Francia. Tras una votación, los Estados Generales dieron paso a la Asamblea Constituyente.

En julio de 1789, una insurrección popular quema la Bastilla, asalta varios castillos nobiliarios y quema
documentos de propiedad. El 4 de agosto, nobles y clérigos renuncian voluntariamente a sus antiguos
privilegios. En este mismo mes se redacta la “Declaración de los Derechos del hombre”, que fue aceptada por todos. En ella se consagran los principios de igualdad, la soberanía de la nación y la libertad de opinión, de prensa y de culto; el catolicismo deja de ser la religión oficial. A fines de septiembre del 89, el clero francés decide la entrega al Estado de valiosos objetos litúrgicos que se consideraron innecesarios.

El obispo de Autun, Talleyrand, propone a la Constituyente la secularización de todos los bienes de la Iglesia en Francia. La Asamblea aprueba la propuesta. Los bienes de la Iglesia, valorados en 3.000
millones de francos-oro, pasaban al Estado. Este se comprometía a sostener económicamente al
clero. Y así fue como el estamento eclesiástico pasó a depender del Estado. Los bienes de la Iglesia
fueron puestos a la venta y fueron adquiridos por la burguesía y por campesinos ricos que, desde ese
momento, se convirtieron en aliados de la Revolución.