La Junta de Escuelas Católicas, organización mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada en Andalucía, en reunión mantenida para abordar el problemático inicio de curso, después de solicitar reunirse con los altos cargos de la Consejería de Educación y no obtener respuesta, denuncia las exigencias de control de la administración educativa andaluza que ha calificado de improvisadas, reiterativas e innecesarias, además de atentar contra la autonomía organizativa y pedagógica de los centros. Las mismas han provocado que el inicio de curso haya estado marcado por el control burocrático en lugar de por la atención educativa.

El nuevo sistema, sobre el que pivota toda la organización del centro educativo, fue comunicado a los centros a primeros de septiembre con la exigencia de que fuera cumplimentado en los primeros 10 días de curso y bajo la amenaza de no abonar las nóminas de los trabajadores si los datos no estaban incluidos a esa fecha.

La deficiente información, los fallos técnicos, la falta de adaptación a la realidad de los centros concertados y lo perentorio de los plazos (que han debido ampliarse por puro sentido común hasta 4 veces) han dificultado el inicio de curso.

Todo ello ha provocado retraso e impagos en el abono de nóminas a los trabajadores.

Escuelas Católicas denuncia, igualmente, que este sistema no haya sido consensuado con las organizaciones del sector en la Mesa de la Enseñanza Concertada, tal y como se pidió, y que se requiera a los centros datos no necesarios para la Administración.

Por medio de este sistema, se continúan sumando exigencias a los centros concertados, arrogándose la administración la potestad de control en aspectos laborales y pedagógicos que no le atañen, recortando así la autonomía organizativa y pedagógica de los centros educativos.