En este momento, a un centro tipo de dos líneas desde Infantil a Educación Secundaria Obligatoria, perfil al que corresponde la mayoría de los centros, se le adeuda en la actualidad un importe de más de 43.000 euros.   Al encuentro asistieron por parte de Escuelas Católicas de Andalucía, el presidente, Francisco Ruiz, el secretario regional, Francisco José González, y el director del Departamento Jurídico, José Rafael Rich. Además de los mencionados, estuvo también presente Elena Marín, directora general de Planificación y Centros de Consejería de Educación.

En la reunión se trataron los siguientes asuntos:

1.- SOBRE EL RETRASO EN EL ABONO DE LA PARTIDA DE OTROS GASTOS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 y siguientes LOE, una vez que un centro accede al régimen de conciertos, la Administración educativa se encuentra obligada al abono de una serie de cantidades que garanticen su sostenimiento, conobjeto de poder impartir las enseñanzas concertadas en un régimen de gratuidad.

En este sentido, hemos de manifestar que el módulo de otros gastos, cuyo importe sufrió una rebaja del 1,67 % en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011, se encuentran congelados en el 2012, y su abono a los centros está sufriendo un serio retraso.   Hasta el último trimestre de 2011, su abono se venía produciendo con carácter trimestral en los meses intermedios de cada trimestre, de conformidad con el acuerdo alcanzado por nuestra Organización y la Consejería de Educación. Sin embargo, esta puntualidad en el pago se ha visto truncada en 2012 ya que, el trimestre correspondiente a enero-marzo, no ha sido abonado hasta el día 1 de junio, es decir, con dos meses de retraso.

Igualmente, el trimestre correspondiente a abril-junio, cuyo pago debió llevarse a cabo antes del pasado 31 de mayo, aún no se ha satisfecho, y ni tan siquiera se han facilitado datos oficiales en torno a cuando se abonará.  Esta situación está generando una verdadera asfixia financiera en los centros ya que, como hemos señalado, los gastos a los que se hace frente por medio de esta partida son los esenciales para poder mantener el centro abierto, y se generan con carácter mensual, por lo que un retraso de dos meses en su pago supone que la titularidad del centro tenga que sufragar, con sus propios recursos, hasta cinco mensualidades de suministros y salarios del personal de Administración y servicios, situación ésta que las titularidades de la mayoría de los centros no están en condiciones de asumir.

Por hacernos una idea, en este momento, a un centro tipo de dos líneas desde Infantil a Educación Secundaria Obligatoria, perfil al que responden la mayor parte de los centros, se le adeuda en la actualidad un importe de 43.035,43 euros.  Ante esta situación desde EC Andalucía exige que se defina un calendario de pagos, para que Titularidades y centros puedan efectuar sus previsiones, con el ánimo de evitar daños mayores.

Por su parte, el Viceconsejero ha hecho una obligada referencia a la grave situación económica en la que nos encontramos, en la que es imposible hacer calendario de pagos alguno. No obstante lo cual ha manifestado que la Dirección General de Planificación y Centros cursa, oportunamente, las pertinentes órdenes de pago, calculando que en los primeros días de julio nos abonarán el segundo trimestre.   Por parte de Escuelas Católicas de Andalucía, se ha manifestado que si al 30 de junio no se produce el abono, el lunes, 2 de julio, se formalizarán las reclamaciones administrativas, a tenor del art. 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2.- SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS ESCUELAS HOGAR.

Si bien la situación de la generalidad de la enseñanza concertada es ciertamente complicada en el aspecto económico, podríamos manifestar que las Escuelas Hogar son en la actualidad las “hermanas pobres” de este sector.   Las Escuelas Hogar son entidades que nacieron con la vocación de albergar alumnado de poblaciones rurales sin acceso a centros de Educación Obligatoria, y/o hijos de familias de temporeros, que pasan largos periodos fuera de su localidad de origen. En la actualidad, si bien aún mantienen a este perfil de alumnado, la mayor parte de los residentes son alumnado en situación de desventaja social, por lo que la función social que desempeñan queda fuera de toda duda.

Estos centros han venido siendo sistemáticamente maltratados por la Administración mediante un recorte en el número de becas –pese a contar con mayor demanda que plazas conveniadas–, y una congelación en las partidas; y, en los últimos tiempos, un persistente retraso en los ingresos de las cantidades por parte de la Administración. Pese a ello, han mantenido su actividad como reflejo de su vocación de servicio por los más desfavorecidos.

Pese a ello, en la pasada semana les comunicaron desde la Administración lo que podría ser el “golpe” definitivo para estas instituciones. Efectivamente, la resolución provisional a la solicitud de convenios para el curso 2012/2013 establecía un doble recorte en la cantidad financiada para el sostenimiento. De una parte, una rebaja del 5% de la cantidad correspondiente a personal, anticipando así la previsible bajada que se producirá como consecuencia del plan de ajuste de la Junta de Andalucía, que, no contenta con esto, añadió el recorte de al menos un cuidador de la plantilla, que ya de por sí se manifiesta insuficiente.

De esta forma, se adopta una medida de recorte de personal contraria a lo establecido en el Plan Económico Financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía que, en las medidas correctoras de ingresos y gastos, en el apartado referido al personal, establece que “la prioridad de la Junta de Andalucía es mantener el máximo nivel de empleo, no solo porque constituye un apoyo firme de la demanda interna y, como tal, es un elemento que favorece la consolidación fiscal, sino porque es también la garantía del mantenimiento de los servicios públicos, en especial, la educación, la sanidad y los servicios sociales.”

Esta situación resulta aún más grave si tenemos en cuenta los importes que en la actualidad se financian para el mantenimiento de los menores, que se cifran aproximadamente en 880,00 euros por residente y curso, es decir, apenas 1,90 € diarios para el mantenimiento de los centros y para proporcionar a los menores cuatro comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Igualmente, nos vemos obligados a denunciar la diferencia de trato con respecto a las Residencias Escolares, dependientes de la Administración Pública que, pese a desempeñar funciones análogas, según reconoce la propia LEA en su artículo 121, cuentan con una ratio significativamente superior y suponen un gasto por plaza residencia que supera el 250% de la plaza conveniada.  Desde Escuelas Católicas de Andalucía, se le ha hecho ver al Vicenconsejero que, muy posiblemente, no hayan visto el alcance de esta decisión. Y que, desde luego, al tratarse de una medida que afecta directamente a alumnos con grandes carencias, de no corregirse, adoptaremos cuantas medidas dispongamos a nuestro alcance para tratar de resolver este asunto favorablemente.

Ante esto, el Sr. Cano, se ha comprometido a estudiar la situación y dar una respuesta lo antes posible para tratar de solucionar el problema.

3.- SOBRE LAS SUSTITUCIONES EN PAGO DELEGADO.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación ha emitido unas Instrucciones donde aplica el contenido del Real Decreto Ley 14/2012, referente a que las sustituciones transitorias del profesorado de los centros privados concertados se realizarán únicamente cuando hayan transcurrido 10 días lectivos, desde la situación que dio origen a las mismas. En este período de 10 días lectivos la baja deberá ser cubierta con el profesorado ordinario del centro, es decir que no se podrá contratar a nadie, con las consiguientes repercusiones que ello tendrá en la atención educativa a los alumnos y en la calidad de la enseñanza.

Escuelas Católicas expresa su rechazo tanto al Real Decreto Ley dictado por la Administración central, como las Instrucciones de aplicación dictadas por la Administración autonómica. Esta medida supone, además, una grave discriminación de la enseñanza concertada con respecto al resto del sistema educativo público andaluz, pues la carga docente del profesorado de la enseñanza concertada es mayor que el de la pública y la ratio de profesor/alumno en la enseñanza concertada es menor respecto a la enseñanza pública. Ello quiere decir que debemos hacer frente a las bajas del profesorado como cualquier otro centro público, pero sin tener los medios personales de los centros públicos.

Escuelas Católicas ha presentado oportunamente y en este sentido sus observaciones a las Instrucciones sobre sustituciones. Asimismo, esta Patronal ha subrayado que la petición se centra en la aplicación proporcional de la norma, ya que no disponemos de los mismos recursos humanos que los centros de titularidad de la Junta.

4.- SOBRE EL MATERIAL CURRICULAR COMPLEMENTARIO Y DE USO ESCOLAR.

Escuelas Católicas reivindica, igualmente, la autonomía organizativa y pedagógica de los centros concertados, consagrados tanto en la Ley Orgánica de Educación (art. 120, 123 y 124 de la LOE) como en la Ley de Educación de Andalucía (Todo el Capítulo I, especialmente el art. 125), frente a la injerencia de la Administración educativa.

En este sentido rechazamos enérgicamente el control que desde la Administración educativa se pretende hacer del material complementario y de uso escolar, utilizado para el desarrollo del currículo y que es de carácter voluntario. Desde Escuelas Católicas expresamos nuestro respeto por la regulación sobre gratuidad de libros de texto, aunque la consideramos manifiestamente mejorable, pero denunciamos la intención política de crear la idea que, con dicho programa, se cubren todos los gastos de las familias andaluzas en el sistema educativo.

Existe material complementario a los libros de texto y otro material escolar de uso escolar (desde lápices y gomas a reglas y compases) que ha de ser asumido por las familias, aunque sea de manera voluntaria, para el correcto desarrollo del currículo escolar. Así, rechazamos la obligación que la Administración quiere imponer, y que carece de sustento legal alguno, de tener que registrar dichos materiales complementarios y de uso escolar en el programa informático Séneca para su posterior autorización o veto por parte de la Administración educativa.

Escuelas Católicas seguirá cumpliendo las exigencias impuestas por la ley de advertir a los padres de la voluntariedad de adquirir dicho material complementario y de uso escolar, pero se abstendrá de cumplir indicaciones que, sin base legal alguna, pretenden recortar nuestra autonomía organizativa y pedagógica y socavar la calidad de enseñanza.

5.- SOBRE EL BILINGÜISMO.

Escuelas Católicas de Andalucía valora positivamente la iniciativa de la Administración educativa por el bilingüismo en nuestra comunidad autónoma pero lamenta, nuevamente, la discriminación que padece la enseñanza concertada en esta materia. En efecto, la Orden de 28 de junio de 2011, que regula el bilingüismo en Andalucía excluye a los centros sostenidos con fondos públicos de las dotaciones que reconoce para los centros públicos (Estas dotaciones están contenidas en el Capítulo V de la Orden y se reconocen solamente para centros públicos y son, fundamentalmente, auxiliares de conversación y reconocimiento a coordinadores de bilingüismo en los centros docentes). Esta medida conlleva, nuevamente, un tratamiento dispar a las familias andaluzas por el mero hecho de la elección de un centro u otro.

Desde Escuelas Católicas de Andalucía insistimos en que nos encontramos ante una discriminación flagrante entre las dos redes de centros que atenta sobre los principios de gratuidad y calidad de la enseñanza.

6.- SUBVENCIONES TIC.

Una nueva discriminación a la enseñanza concertada en nuestra comunidad supone la ausencia de subvenciones para la equipación informática, conocida como centros TIC. Esta convocatoria de subvenciones, que se prometió en el curso 2009/10 ha venido retrasándose hasta el punto de desconocer cuándo se hará pública. Ello supone que los centros deben asumir a su costa el equipamiento TIC. Una discriminación más en el sistema de enseñanza pública en Andalucía frente a los centros de titularidad de la Junta de Andalucía.

7.- SOBRE LOS CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

A lo largo del curso 2011/2012, en el seno de la Mesa de Primer Ciclo de Infantil se constituyó un grupo de trabajo con objeto de realizar un estudio en cuanto al coste plaza de esta etapa educativa, cuyas conclusiones fueron que su coste es sensiblemente superior al que en la actualidad financia la Administración mediante el establecimiento de un precio público, lo que revela que las exigencias de calendario y jornada que se establecen para este sector requieren una revisión.

Igualmente, en la actualidad se encuentran congeladas las plazas conveniadas, pese a que muchos centros han realizado una amplia inversión para ampliar sus plazas, en ocasiones propiciados por la Administración y, posteriormente, no puede conveniarlas, ya que la Administración no admite la coexistencia de plazas privadas y conveniadas.