En esta convocatoria pública, realizada en la plaza de la Constitución y convocada por la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Málaga, Pilar Gallardo leyó el siguiente texto:

«El pasado 20 de diciembre se dio a conocer el contenido de un acuerdo político entre las distintas instituciones de la UE denominado Pacto de Migración y Asilo. Este Pacto había sido presentado en septiembre de 2020, es decir, llevaba dos años negociándose, a la espera de que los Estados miembros se pusieran de acuerdo para actuar de forma conjunta y tener un marco jurídico común para gestionar el fenómeno migratorio. Sabemos las nefastas consecuencias de que cada Estado actuara por su cuenta, con medidas improvisadas, unilaterales y descoordinadas. Este pacto era muy necesario, pero su resultado ha sido decepcionante. La Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la CEE lo ha definido como “una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes”.

Y efectivamente, a pesar de que en 2020 se anunciaba que en este pacto se adoptaría un enfoque humano y humanitario, afirmando que salvar vidas en el mar no era opcional, que los países más expuestos debían poder contar con la solidaridad del conjunto de la UE, que había que redoblar nuestros esfuerzos y asumir responsabilidades… La realidad ha sido otra muy distinta.

Los Obispos de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana han emitido una Nota en la que expresan su decepción ante este acuerdo: «No hay una una visión integral centrada en la persona y el bien común, sino un pacto para el control y la externalización de las fronteras». Y advierten de lo siguiente:

1. Que se quieren legitimar prácticas tales como:

• Permitir la detención de niños a partir de los 6 años
• Acelerar los procedimientos de asilo, en detrimento del análisis profundo de cada solicitud.
• Reforzar los sistemas de identificación con datos biométricos
• Y permitir una solidaridad a la carta entre países (el objetivo era encontrar un equilibrio entre la responsabilidad de los países receptores, como es el caso de España, y la solidaridad del resto de países de la UE, pero éstos pueden optar por pagar una mísera cuantía económica por persona, para no tener que acoger y responsabilizarse del cupo asignado).

2. Que se utilizan conceptos jurídicos indeterminados como “crisis” o “instrumentalización” y ello puede suponer una utilización interesada de los mismos: destinar dinero a gobiernos de terceros países, sin garantías de que en ellos se respeten los derechos humanos, por ejemplo.

3. Que no se han abordado con rigor, a nivel de la UE, las alternativas que, tanto la Iglesia como tantos otros actores sociales, vienen promoviendo y pueden resultar más eficaces que las prácticas vigentes:

• En lugar de excusarse en el “efecto llamada”, hay que contribuir a evitar las guerras y hambrunas, promoviendo el desarrollo de las poblaciones locales y así poner el foco sobre las verdaderas causas. No hay efecto llamada, sino “efectos salida”.
• En lugar de agitar el miedo al migrante con fines electoralistas, desmontarlo con la verdad y apelando a valores humanos o religiosos.
• En lugar de justificarse en la lucha contra las mafias, invertir en lo que más puede restarles poder: el establecimiento de vías legales y seguras para una migración ordenada, habilitando corredores humanitarios cuando sea necesario y coordinando políticas entre las diferentes administraciones y países.

La sociedad civil tiene que alzar la voz y, en este Círculo del Silencio queremos seguir haciéndolo. Pero también podemos dar ejemplo a nuestras instituciones, mostrando que una acogida digna e integral es posible, que no se limite a una asistencia inicial para acabar abandonando a su suerte a personas en situación de vulnerabilidad. Podemos coordinar esfuerzos y compartir recursos, registrar las carencias del sistema de acogida e informar a la sociedad y a las administraciones de las mismas, seguir proponiendo alternativas y ofrecernos al diálogo.