Las entidades de acción social de la iglesia en España, Cáritas, CONFER, Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz- rechazamos el acuerdo suscrito el pasado 18 de marzo entre la Unión Europea y Turquía sobre personas refugiadas. Dicho acuerdo evidencia el fracaso de la Unión Europea en la adopción de una política común de asilo y en brindar protección a las personas refugiadas, otorgando prioridad al control de fronteras. Europa está negando abiertamente la hospitalidad a quienes abandonan involuntariamente sus hogares huyendo de la guerra, la persecución y el hambre. El Acuerdo suscrito es un cambio cosmético, no sustancial respecto al pre- Acuerdo, lo calificamos de deshumanizante y discriminatorio y dudamos que sus medidas puedan aplicarse.

Por todo ello denunciamos que:

El Acuerdo  presenta cambios más cosméticos que sustantivos respecto al Pre-Acuerdo que sancionaba las expulsiones colectivas. Si bien el Acuerdo prohíbe expresamente las expulsiones colectivas e insiste en que las solicitudes de asilo se resolverán individualmente, la celeridad de los plazos previstos, la falta de mención del derecho a recurso del solicitante de asilo y, sobre todo, la consideración de Turquía como "Estado seguro"- y, en consecuencia, la devolución a dicho país de las personas refugiadas- plantea enormes contradicciones.  No puede decirse que, hoy por hoy, Turquía sea un país seguro dado que no ha suscrito el Protocolo de la Convención de Ginebra, solo otorga el estatuto de refugiado a ciudadanos europeos y no brinda la protección y los derechos (de educación, salud, protección, trabajo, etc.) que ésta lleva aparejada.  Si bien es cierto que Turquía acoge actualmente a casi 2.800.000 personas refugiadas, sus condiciones son extremadamente precarias.  Otro punto fundamental es que, actualmente,  Turquía no garantiza  la no devolución al país de origen donde la vida de la personas puede correr peligro. Finalmente, lo más probable es que, aunque se diga que se atenderá a las solicitudes de manera individual,  la gran mayoría de las personas que a partir de hoy entren en Grecia desde Turquía serán devueltas a dicho país.  Si no "colectivas", se prevé que las expulsiones sean rápidas y sistemáticas. En la práctica, las islas griegas se convertirán en campos de internamiento llenos de personas, que huyen de la persecución y de la guerra, y que serán devueltas forzosamente a  Turquía, donde no quieren retornar y que actualmente no reúne los estándares de protección adecuados. Solicitamos que se pongan todos los medios para que las solicitudes de asilo que se presenten puedan ser tramitadas con todas las garantías y con pleno respeto a los derechos humanos, tal y como se establece en la directiva sobre procedimiento de asilo.

Consideramos deshumanizante y discriminatorio el sistema "uno por uno", consistente en que,  por cada persona siria devuelta a Europa, se reubica a una persona siria procedente de un campo de refugiados de Turquía en territorio europeo.  Es deshumanizante, porque trata a las personas refugiadas como si fueran números o monedas de trueque e  inquietante porque reasienta  a las personas sirias que permanezcan en Turquía, "castigando" a aquellas que buscan su seguridad en la Unión Europea.  Asimismo, es discriminatorio, porque excluye a las personas refugiadas de otras nacionalidades que también huyen de guerras y conflictos en países como Somalia, Irak, Afganistán, Eritrea u otros. Finalmente, es limitativo, por la cuota de las  72.000 personas que puedan acogerse a este sistema en los dos próximos años, cuando sólo en 2016, cerca de 150.000 personas han llegado a Grecia desde Turquía.

Lejos de proteger a las personas refugiadas de las mafias de traficantes y evitarles sufrimientos, el cierre de rutas, como en este caso,  ocasiona, tal y como nos muestra la práctica y la experiencia,  que se abran otras, cada vez más peligrosas y arriesgadas. Lo que brinda protección a las personas refugiadas e impide a las mafias continuar con su lucrativo negocio es el establecimiento  de vías seguras y legales de acceso. 

Para poner en marcha las medidas previstas- en Grecia, Turquía y en los países europeos- se requieren medios, y existen fundadas dudas de que se vayan a hacer efectivas dado el fracaso de los hotspots (centro de registros de refugiados en Grecia) y de los planes de reubicación y reasentamiento acordados durante 2015 y que, a día de hoy, han fracasado estrepitosamente. Tenemos  dudas fundamentadas de que vayan a ponerse los medios y el compromiso requeridos para que se lleven a término las tramitaciones y planes de reasentamiento establecidos en el Acuerdo. 

Las entidades firmantes nos sumamos a las movilizaciones de la sociedad civil y recabamos la semana pasada 33.218 firmas rechazando el acuerdo y las entregamos al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Tras la firma del pacto, seguimos diciendo “NO a este Pacto”. Los líderes europeos deben modificar estas políticas inaceptables y erróneas e impulsar políticas de migración y refugio inspiradas en la protección y la acogida. Es necesario frenar la deriva causada por el cierre de fronteras y retrocesos de derechos en la que se encuentra inmersa Europa y contribuir activamente a proteger los derechos y la dignidad de  las personas refugiadas y migrantes que llegan a Europa. Es preciso abordar las causas de la violencia, la guerra y los desplazamientos y fomentar una cultura de hospitalidad en las sociedades europeas, combatiendo los brotes de xenofobia y de racismo.  Es preciso, como señala el Papa Francisco, “asumir la responsabilidad en el destino de los refugiados”. La sociedad civil debe seguir rearmada moralmente y movilizándose para exigir a los líderes europeos el #NOalPactoUETurquía.