El fiscal incoó diligencias el pasado enero después de la denuncia interpuesta por la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales Colegas que consideraban que las declaraciones de Sebastián atentaban contra la legislación española que protege como derecho fundamental la dignidad y la no discriminación. Sebastián afirmó en una entrevista al diario Sur de Málaga que "señalar a un homosexual una deficiencia no es una ofensa, es una ayuda porque muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado". El ministerio público ha acordado el archivo al entender que las declaraciones no son constitutivas de delito y que "no tenía en absoluto como finalidad la difusión de un discurso de odio, según se desprende del tono, contenido y contexto de las mismas".

RESPETO AL HOMOSEXUAL

Además, el fiscal, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, destaca que al principio de la entrevista el cardenal literalmente habla de "respeto, acogida y afecto al homosexual", por lo que "difícilmente" unas manifestaciones en las que se habla de acogida y afecto pueden entenderse como creadoras de un clima de discriminación y odio. La Fiscalía también destaca que el propio cardenal en la entrevista aclara que lo que afirma lo hace "a su modo de ver", sin pretensión de certeza científica y "dentro del magisterio de la Iglesia".

El ministerio público considera que las expresiones publicadas están amparadas por el derecho a la libertad de expresión por "carecer de la gravedad o intencionalidad necesarias para entender lesionado el derecho al honor". Y señala también que en este caso, "entra en juego otro derecho fundamental", el derecho a la libertad religiosa y de culto, ya que sus declaraciones se mantenían estrictamente en el terreno de la moralidad católica y que dicha referencia está dispuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica. 

"Desde el momento en que el Catecismo de la Iglesia Católica, aunque lógicamente no tenga que ser compartido por nadie, es un libro protegido por la legislación española, que permite su publicación y difusión por cualquier medio a pesar de que hable de los actos homosexuales como «contrarios a la ley natural e intrínsecamente desordenados”», deberá como legítima consecuencia permitirse que quien profese dichas creencias –como es evidente que hace el denunciado, cuya notoriedad vino dada de inicio precisamente por ostentar un cargo preeminente en la Iglesia Católica- las refiera o enuncie públicamente, porque en caso contrario estaríamos menoscabando gravemente su derecho a la libertad religiosa", señala el fiscal.  "Mientras el Estado proteja y ampare la difusión de los preceptos de las religiones reconocidas, tendría que respetarse también a quien se limite a enunciarlas en alta voz, sea cual sea la difusión que tengan sus palabras", añade el ministerio público en el escrito en el que acuerda archivar las diligencias contra el cardenal Mons. Sebastián.