DECLARACIÓN FINAL

Los representantes de las 70 Cáritas Diocesanas de la Confederación Cáritas Española, reunidos en la 70ª Asamblea General celebrada en El Escorial del 28 al 30 de junio de 2013, manifestamos públicamente nuestra profunda preocupación y rechazo ante las dramáticas situaciones que estamos viviendo en la sociedad española y que afectan a millones de personas.

Cáritas está acompañando a diario situaciones desesperadas y desesperanzadoras, cada una de las cuales tienen detrás vida, rostro y nombre concretos: miles de caras y miles de vidas de quienes son víctimas de modelo injusto que, bajo el argumento de la racionalización del gasto y la sostenibilidad económica, es incapaz de anteponer el bien común al beneficio individual.

Creemos que la pobreza es evitable siempre, también en tiempos de crisis. Este es el objetivo de nuestro trabajo en cada uno de los ámbitos territoriales de Cáritas, donde, en el seno mismo de la Iglesia y de las comunidades cristianas, trabajamos cada día por la justicia.
Como recuerda el Papa Francisco, “la deuda social exige la realización de la justicia social. Juntas, nos interpelan a todos los actores sociales, en particular al Estado, a la dirigencia política, al capital financiero, los empresarios, agropecuarios o industriales, sindicatos, las Iglesias y demás organizaciones sociales”.

Denunciamos, por ello, la adopción de decisiones políticas, legislativas y económicas que están generando ya, ahora mismo, el sufrimiento de las personas afectadas, tal como pone de manifiesto la realidad cotidiana de nuestra acción y los informes que hemos elaborado y presentado públicamente. Esta falta de horizontes y perspectivas podría tener unas consecuencias muy negativas para el futuro de la sociedad española, incluso a corto plazo.

Las personas empobrecidas no son responsables de una crisis económica que las castiga con tanta intensidad. No queremos resignarnos a un modelo de vida caracterizado por la precariedad y un retroceso en el reconocimiento y disfrute de los derechos humanos. Tampoco aceptamos un proceso de fractura social legitimado por una desigualdad creciente.

En el último año hemos asistido a un importante número de reformas legislativas que, lejos de avanzar en la solución a la crisis, han supuesto una pérdida de derechos sociales inherentes a la dignidad de la persona. Algunos ejemplos de ese retroceso afectan a la vivienda, sosteniéndola como un bien de inversión antes que como un derecho; a la salud, transformándola en una mera contraprestación y excluyendo a los migrantes en situación irregular; al acceso a la justicia, imponiendo tasas judiciales; o al trabajo, con medidas que no estimulan la contratación y sí, en cambio, perjudican el empleo, como muestran los datos de la última Encuesta de Población Activa.

Las reformas legislativas pendientes de aprobación agravan aún más este panorama. Un ejemplo claro es la anunciada reforma de la Administración local, que, bajo los criterios de racionalización y sostenibilidad, supondrá alejar de las personas servicios tan esenciales como la salud, la educación o los servicios sociales. De producirse, estaríamos asistiendo a una involución social y a la adopción de modelos de intervención basados en la emergencia y en el asistencialismo, que ya hemos conocido en otras épocas y que fracasaron.

Otros ejemplos similares son las reformas relacionadas con el sistema de justicia, en especial, las que afectan al Código Penal y al Código Procesal Penal, que, de mantener su redacción actual, daría lugar a situaciones injustas, como, por ejemplo, la sanción a quienes acojan a personas inmigradas en situación irregular, y la de la justicia gratuita, que supondría dejar fuera del sistema de protección a una parte importante de la población.

Junto a ello, la prioridad económica que se marca en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 añade un motivo más de preocupación, al consagrar la reducción del gasto para garantizar, supuestamente, el principio de estabilidad, pero sin que se aborden con igual intensidad la aplicación de unas adecuadas políticas fiscales redistributivas, la lucha contra la evasión fiscal o la tasa para las transacciones financieras.

De igual forma, mostramos nuestra honda preocupación ante el drástico recorte de la Ayuda Oficinal al Desarrollo (AOD) en España, que pone en peligro el sistema de cooperación internacional y nos aleja del objetivo de lograr un cambio cualitativo global y de mejorar la atención a las personas y sus derechos, ya vivan en nuestro país o en regiones empobrecidas.

Este conjunto de decisiones tienen un importante impacto en la garantía de los derechos, las políticas sociales y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y lo que debería entenderse como una inversión social y el estímulo de una política de prevención por parte del Estado, garante de derechos, se reduce drásticamente y pone en riesgo la cohesión social al permitir que el escándalo que supone la brecha cada día mayor entre las capas más ricas y las más pobres de nuestra sociedad siga creciendo.

“Nos acostumbramos a levantarnos cada día –ha dicho Francisco-- como si no pudiera ser de otra manera, nos acostumbramos a la violencia como algo infaltable en las noticias, nos acostumbramos al paisaje natural de la pobreza y de la miseria caminando por las calles de nuestra ciudad”.

Nosotros, desde la unidad y la realidad compartida cada día en Cáritas con los últimos y no atendidos que llaman a nuestras puertas, queremos decir que no nos acostumbramos a la violencia de la pobreza, de la desigualdad y de la injusticia. Es más, llamamos a la responsabilidad personal y comunitaria para asumir un papel cada vez más activo y participativo en los procesos de transformación social, desde un estilo de vida basado en la austeridad y la sencillez evangélicas, como inspiración de una sociedad más acogedora, fraterna y accesible.

Desde esta convicción, los participantes en esta 70ª Asamblea de Cáritas trasladamos a todos un mensaje de esperanza y una propuesta renovada de compromiso, de trabajo y de consenso social para construir un modelo generador de oportunidades y garante del pleno acceso a los derechos de los más vulnerables, que sitúe a las personas empobrecidas en el centro de la toma de decisiones y que asuma como principios éticos de gobierno la dignidad de la persona y la búsqueda del bien común por encima del beneficio económico y el provecho de unos pocos.