1.- En primer lugar, valoramos y apreciamos el esfuerzo realizado por cuantos se ocupan de la educación en nuestra comunidad autónoma a favor del desarrollo integral de la persona, sea cual sea la red educativa en que llevan a cabo ese trabajo.

2.-  Vemos con preocupación la política de recortes aplicada por los responsables públicos a este sector. Nos preocupa especialmente la situación de la enseñanza concertada que, durante décadas, se ha consagrado a la tarea educativa en nuestra comunidad, atendiendo en muchas ocasiones a los sectores más desfavorecidos. Ahora se encuentra amenazada por los poderes públicos, pese a su aceptación social y a la demanda de muchas familias. Igualmente nos preocupa la supresión de los centros de educación diferenciada,  que vulnera  el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que responda a sus convicciones.

3.- Tenemos presentes a los titulares de los centros educativos, portadores del derecho a crear centros que garantizan el ejercicio de la libertad de enseñanza, tan sano en una sociedad plural y democrática. Especialmente, apoyamos a los padres en su derecho fundamental, que reconoce la Constitución (art. 27), a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, como dimensión de la formación que debe recibir una persona para su desarrollo integral, y, por lo mismo, a escoger el centro educativo en que quieran escolarizarlo.

4.- Expresamos nuestra preocupación en estos momentos de renovación de conciertos educativos en los que se pretende eliminar unidades escolares en centros que las tienen autorizadas, en funcionamiento, concertadas desde hace muchos años y que poseen una demanda suficiente. Nos duele, en especial, la posible eliminación de tales unidades escolares en centros dedicados a los más desfavorecidos, donde se viene realizando una magnífica labor educativa. Nuestro apoyo y afecto a todas las comunidades educativas que ven amenazados sus derechos en las distintas diócesis de Andalucía.

5.- Por ello, con respeto y firmeza, pedimos a las autoridades educativas que realicen los esfuerzos necesarios para mantener una política educativa que sea motor de nuestra sociedad y respetuosa con el derecho de las familias a elegir la educación acorde con sus convicciones. Igualmente pedimos que, conforme a sus obligaciones legales, concierten a los centros educativos que reciban demanda suficiente, garantizando así un sistema educativo de calidad, a la vez que equitativo y plural.

En Córdoba, a 22 de mayo de 2013