Un sondeo de Metroscopia, publicado recientemente, evidencia el malestar de un 76% de españoles que quieren retirar a la Iglesia Católica lo que consideran un estatus preferencial. Este deseo se basa en que perciben una situación de ventaja respecto al resto de las confesiones religiosas. Hay asuntos como es el caso del IVA, IBI o clases de religión en los que todas comparten el mismo tipo de ordenamiento. Por tanto o barremos del mapa el trato que el Estado español dispensa en la actualidad a todas las confesiones religiosas o estaríamos ante una discriminación hacia la Iglesia Católica si sólo ella fuese el objeto de intervención.

El deseado objetivo por parte de la comunidad católica de su autofinanciación mantiene algún matiz. Es cierto. Pero parece una excelente opción que el contribuyente pueda decidir el destino de sus impuestos. Echo de menos poder elegir el destino de mis impuestos como de hecho se puede hacer al marcar la x en fines sociales o Iglesia Católica sin que cueste un euro de más. Fue un buen acuerdo al que se llegó en la legislatura de Rodríguez Zapatero. Podría ser ampliado a otros capítulos evitando así que el gobierno de turno decida qué hacer con el dinero de todos los españoles en materia de educación, sanidad, cultura o defensa.

Los encuestados también están en desacuerdo con el status que otorga a la Iglesia el concordato firmado entre España y la Santa Sede. Pero conviene recordar que viene avalado por la mayoría del pueblo español que ha otorgado a sus diferentes gobiernos votados en democracia la capacidad de mantener relaciones con los estados legítimamente constituidos y con las confesiones religiosas reconocidas en nuestra nación.

Artículo de Rafael Pérez Pallarés, delegado diocesano de Medios de Comunicación Social, publicado en la sección El Alféizar de Diario SUR