Los medios de comunicación nos han informado de que el martes día 4 de septiembre la policía española desalojó a las 83 personas, la mayoría inmigrantes subsaharianos, que se habían instalado en Isla de Tierra, un pequeño islote situado a escasa distancia de la costa de Marruecos. Fueron trasladados a Melilla los menores, sus madres y mujeres embarazadas, el resto fue entregado a la gendarmería marroquí que lo envió a la frontera de Argelia donde posiblemente hayan sido abandonados en medio del desierto, como en otras ocasiones.

El Delegado del Gobierno en Melilla ha resaltado en un comunicado el éxito de la operación de desalojo de los inmigrantes de este islote, destacando la colaboración de las fuerzas de seguridad de ambos países.

¿Podemos considerar un “éxito” esta operación policial cuando no se han respetado los derechos que les reconoce nuestra propia legislación a las personas inmigrantes? Entre las diversas garantías que establece la ley se contempla la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial, así como a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. Quizá convenga recordar la norma general de actuación que plantea la encíclica Pacem in terris para la administración pública: que «resuelva todos los casos en consonancia con el derecho, teniendo a la vista la legislación vigente y con cuidadoso examen crítico de la realidad concreta».

Las políticas de control de flujos migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden imponer sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, que son las principales víctimas de esta situación. ¿Ha prevalecido en esta actuación el criterio de justicia o la presión electoral? A nosotros los cristianos Benedicto XVI nos ha marcado una línea de actuación clara en su encíclica Caritas in veritate: «quien ama con caridad a los demás, es ante todo justo con ellos».