Las cifras no engañan. Nuestro país cuenta con un total de 2.586 centros educativos católicos, donde se forman más de 1,5 millones de alumnos al año, y con tendencia al crecimiento, ya que cada vez son más padres los que apuestan por este modelo educativo, basado en la calidad y en la transmisión de unos valores sólidos para construir una sociedad mejor, como es el cuidado del otro, a los más necesitados, a la familia...

Todo ello, pese a que la administración destina menos recursos a las escuelas católicas que a los centros públicos. En el año 2018, según datos del propio Ministerio de Educación, la diferencia fue de 3.500 millones de euros, lo que hace que buena parte de los centros católicos sean sufragados por las instituciones religiosas y la colaboración de los padres que ejercen el derecho a la libertad de enseñanza, tal y como recoge la Constitución.

En el año 2018, el número de alumnos alcanzaron el 1.521.196, lo que supone 24.085 más que en el ejercicio de 2017. En total, estos centros contaron con 130.448 trabajadores, lo que se traduce en 3.355 más respecto al año anterior.

Por tanto, las escuelas católicas cada vez cuentan con una mayor demanda. 71.031 alumnos son de nacionalidad extranjera. El 15% de los alumnos inmigrantes están escolarizados en la Escuela Concertada. También la Iglesia realiza un gran esfuerzo en el ámbito universitario. En las quince universidades de inspiración católica existentes en España, se concentran el 65% de los alumnos matriculados en universidades privadas presenciales. Esto es unos 115.000 alumnos en 2018, 2.500 más que en el año anterior.

El Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, recordó el pasado mes de junio en la presentación de la memoria de la Iglesia el ahorro de "más de 3.300 millones de euros" que supone la educación concertada para las arcas públicas. Y es así porque el gasto público por alumno en la enseñanza pública es casi el doble que en la concertada. Según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación de 2018, el gasto público en centros educativos públicos no universitarios es de 5.436 euros por alumno. En cambio, el coste en la concertada fue de 2.886 euros por alumno.

El artículo 27.3 de la Constitución garantiza el derecho de los padres a elegir la educación en valores que desean para sus hijos. "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", dice exactamente.

Concertados.edu.es, una plataforma informativa sobre el modelo de educación concertada, resume así las ventajas de este modelo:

1. La variedad de enfoques educativos supone una riqueza cultural y humana.

2. La variedad en educación es garantía de pluralidad ideológica y lo que corresponde a una sociedad democrática.

3. La educación concertada favorece la libertad de elección a familias con pocos recursos. Si no existiera, la posibilidad de elección de un modelo educativo estaría supeditada a la renta.

4. La existencia de diversos modelos aviva la competencia y la capacidad de mejora entre centros educativos.

5. Los padres son los responsables de la educación de los hijos y el Estado es responsable de crear un marco que favorezca esta tarea. Cada uno tiene su espacio de actuación, todos deben ser respetados y todos deben trabajar para responder a la demanda existente de manera efectiva.

6. La educación concertada defiende la libertad de elección de los padres entre diferentes modelos educativos y favorece la diversidad.

7. Con la concertación, el Estado no subvenciona empresas sino a personas para que puedan ejercer sus derechos.

8. Existen otros servicios públicos en los que se aplica el modelo de concierto económico. Si un sistema es viable y justo, es lógico que sirva como modelo e inspiración.

9. La educación concertada es un apoyo para el sistema educativo de un país. Sin ella no se podría cubrir la demanda educativa con la misma inversión.

10. La variedad de modelos educativos es síntoma y requisito de madurez democrática.