Si San Patricio, primer obispo de Málaga del que se tiene noticia, levantara la cabeza igual se sorprendía con lo ocurrido en un colegio de titularidad diocesana que lleva su nombre. Todo a causa de un menor. Y escribo un menor porque así se recoge en el acta de conciliación entre la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía y el Colegio San Patricio. La Consejería de la Junta, como no podía ser de otra forma, se somete en el asunto de la escolarización del menor a las resoluciones adoptadas por el órgano jurisdiccional competente que acordó en su día el archivo del procedimiento al considerar que el posicionamiento del centro no era constitutivo de delito. Muy bien.

Ahora bien, puestos a mirar el estricto cumplimiento de la legalidad vigente la Consejería, ha detectado en el centro dos irregularidades: no se puede imponer el uniforme ni tampoco establecer tasas de secretaría por gestión y certificación de distintos aspectos académicos. Estupendo. Ya que estamos, hacemos una puesta a punto al colegio.

Sorprende, sin embargo, que tras las amenazas de retirada del concierto educativo con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, recolocación de alumnos e imposibilidad de que los padres puedan elegir el centro que se adapte a sus convicciones personales, todo vuelva aparentemente a su lugar.

Algo que ha ocurrido gracias a una coyuntura legal. Si la legislación lo hubiese permitido, quizá se le hubiese retirado el concierto al colegio. Ganas, a tenor de las declaraciones públicas, parece que no faltaban. O igual hubiese ganado la sensatez y equilibrio institucional. Quién sabe. No obstante, cuidado: apunta maneras la insistencia de diferentes colectivos para salvaguardar los derechos que entienden se derivan de la condición sexual. Exigen un cambio de rumbo en la legislación. Y sin embargo, mientras esto ocurre, hay colegios públicos que acogen de buen grado las demandas de la familia. Entonces, ¿por qué se ha puesto contra las cuerdas la decisión de un centro avalado en su ideario por miles de familias? ¿Estamos ante una pretendida manera de gobernar donde se dicta en función de una única ideología?