En defensa de la escuela inclusiva y de la educación integral del alumnado, nuestro Consejero de Educación nos regala un nuevo proyecto de Decreto y Orden de la LOMCE para Andalucía, en el que la Religión queda relegada a 45 minutos semanales por curso frente al modelo actual contemplado en la LOE, que fija un mínimo de 90 minutos. Esto es posible ya que la LOMCE, nueva ley educativa española, atribuye a las administraciones educativas autonómicas las competencias para fijar el horario correspondiente a la asignatura de Religión.

Junto a la importancia de un horario adecuado para el área de Religión, también está la precariedad laboral que generará en el propio colectivo de profesores, madres y padres de familia, dado que se reducirían considerablemente las horas de sus contratos. Si ya en muchísimos casos este profesorado tiene que acudir a varios centros para completar su jornada laboral, una reducción de la carga lectiva del área repercutiría notablemente en las condiciones laborales y al despido de más de mil docentes en Andalucía. Hay tanta mala información, falsa y tergiversada, que algunos partidos políticos, colectivos y asociaciones contrarios a la Religión en la escuela pública, deciden que es la verdad. Durante mucho tiempo, y concretamente a lo largo del debate que la LOMCE ha generado en la opinión pública, se vendía que la Religión salía claramente favorecida, y por el contrario, es la Ley más perjudicial para el profesorado de Religión de todas las leyes educativas de la democracia, permitiendo postergar a estos docentes y a la asignatura, como un mero apéndice en la enseñanza pública.

Evidentemente pensamos que todo esto obedece más a criterios doctrinales, ideológicos y políticos, que pedagógicos y didácticos y que perjudicará la calidad de la enseñanza pública andaluza. Por todo esto el colectivo de Profesores de Religión de Málaga, reunidos en asamblea el pasado 26 de noviembre, exige a la administración educativa andaluza que reconsidere su propuesta y mantenga la misma carga horaria que tiene actualmente la asignatura. Para ello anuncian que iniciarán una campaña de sensibilización y reivindicación mediante distintas acciones y movilizaciones, para defender sus puestos de trabajo y los derechos que la educación pública andaluza debe tener.