En el día de ayer se aprobó en el Congreso de los diputados la Ley contra la violencia a la infancia. Es una buena noticia que el Congreso se haga eco de una problemática que afecta a la sociedad española. En el ámbito del debate parlamentario, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, señaló a la Iglesia como cómplice de esos abusos por encubrimiento. Es una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad.

Estudios independientes recientes han puesto de manifiesto la gravedad de este problema en nuestro país. Esos estudios han señalado que el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas, algo que siendo para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección.

La Iglesia y su compromiso con la protección de menores

La Iglesia católica inició ya en 2002 un largo proceso de actualización de sus protocolos y su código de derecho especialmente en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro, aspectos que ahora incorpora la legislación española. Desde aquel año se han desarrollado protocolos y entornos seguros para los menores en los lugares en los que la Iglesia realiza su actividad. Las congregaciones religiosas han desplegado un importante número de iniciativas para atender de manera segura a los menores y también la Iglesia diocesana está recorriendo ese camino y han habilitado oficinas de protección a los menores y prevención de abusos en todas las diócesis españolas.

Como parte de su misión, la Iglesia está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano.

En este fin trabajan miles de laicos, sacerdotes y religiosos con esfuerzo, capacitación, dedicación y responsabilidad. Su trabajo no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación.

Queremos finalmente renovar el compromiso de la Iglesia con la protección de los menores que seguirá dando pasos adelante y agradecer el trabajo de todos los que dentro y fuera de la Iglesia trabajan en el cuidado de los menores y en su formación, para un futuro mejor.