Los medios de comunicación están haciendo cada vez más popular el término “pobreza energética”, un concepto íntimamente unido al de pobreza general, ya que cualquier familia con escasos recursos económicos tiene dificultades para abonar las facturas de luz, agua o gas, o ve limitado su acceso a la energía, lo que le impide llevar una vida digna. Gestos tan cotidianos como hacer la comida, poner una lavadora o encender una estufa se convierten en extraordinarios.

En nuestro país se estima que este problema está afectando al 10,6% de la población. En el caso de la electricidad la situación es especialmente alarmante porque las facturas han crecido hasta en un 70% en los últimos diez años.

Según se refleja en las memorias de Cáritas Diocesana de Málaga, la cuantía destinada al pago de suministros en las parroquias ha aumentado un 21% en los últimos cinco años.

Desde Cáritas recordamos que la pobreza debe ser abordada desde un enfoque integral. No debemos dejarnos llevar por este concepto de “moda” olvidando que la pobreza y exclusión abarcan otras dimensiones básicas de la persona.

Son las administraciones públicas, a través de los Servicios Sociales, quienes tienen la obligación de proteger a los sectores más frágiles de la población.