Éstos, sin ser funcionarios ni empleados públicos, se ven afectados por una rebaja acumulada mínima del 10% desde el año 2011.   Asimismo, han denunciado que resulta injustificable que esta reducción quede consolidada a través del módulo de conciertos estatal sin ninguna cautela temporal, ni compensaciones futuras, en contraste con lo establecido en la función pública para cuyos funcionarios sí se contemplan dichas compensaciones y se limita en el tiempo la supresión de la Paga Extraordinaria de Navidad.

Por otra parte, han manifestado que la reducción del 1,5% en Otros Gastos supone que en el período 2008-2012 la pérdida de poder adquisitivo de dicha partida alcance el 8,6%, lo que unido a la modificación del IVA en la prestación de suministros básicos (luz, teléfono, gas...) pone en situación de riesgo de quiebra económica a los colegios concertados, sin tener en cuenta que el concierto, por ley, debe garantizar la gratuidad de la impartición de la enseñanza.

En este sentido, eEl gasto por alumno en la enseñanza concertada está siendo aproximadamente un 50% inferior al de la enseñanza pública. Resulta claramente desproporcionado que a la red concertada se le recorte en similar proporción y sin tener en cuenta que la concertada ya le supone al Estado un ahorro cercano a los 4.000 millones de euros anuales. La escuela concertada no pretende eludir su responsabilidad en estos momentos de crisis pero estos recortes exceden con mucho lo razonable para un sector ya de por sí ajustado, cuando además en algunas comunidades autónomas los centros padecen impagos prolongados en el tiempo por parte la Administración.

Escuelas Católican denuncian así mismo que los recortes ignoran el derecho a la negociación colectiva  de un sector que fija las tablas salariales (en vigor desde 2008) teniendo en cuenta los módulos económicos establecidos anualmente en las leyes de presupuestos, lo que puede aumentar la conflictividad social en los centros educativos.  Y que. la forma de realizar estos recortes sin diálogo ni negociación previa con el sector pone en riesgo la credibilidad del Gobierno y la posibilidad de acometer una reforma educativa consensuada y duradera.