«El Ministerio del Interior ha ordenado el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga (CIE) situado en la barriada de Capuchinos . Los CIEs son centros de carácter no penitenciarios donde se retienen a personas inmigrantes sujetas a expedientes de expulsión del territorio nacional. Muchas de las personas recluidas en estos centros lo están por infringir normas de carácter administrativo, entrar o residir en España de forma irregular.

El CIE de Capuchinos se ha distinguido desde su puesta en funcionamiento por las graves deficiencias en sus instalaciones: hacinamiento, humedades, ausencia de tarjetas de revisión en los extintores o tener que utilizar luz artificial de forma permanente. En tres ocasiones se ha incendiado, en su interior se han cometido abusos sexuales y se dificultaban las visitas de familiares y abogados.  Éstas y otras situaciones están ampliamente descritas en el libro “Centros de internamiento de extranjeros. Cárceles encubiertas”.

Esta realidad ha sido denunciada de forma permanente por el Defensor del Pueblo de España, el Defensor del Pueblo de Andalucía, el Fiscal de Extranjería y distintas organizaciones sociales. La Delegación Diocesana de Migraciones está presente en la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes desde el año 1991. Una de las primeras preocupaciones de esta plataforma fue plantearles a las autoridades la situación que se vivía en este centro.  Hoy nos alegramos por el cierre de este establecimiento, pero no podemos olvidar que las personas recluidas en centros de otras provincias españolas padecen situaciones parecidas a éstas. Es fundamental que la nueva regulación recoja los derechos que tienen estas personas.

Los cristianos debemos estar muy atentos a la problemática que están viviendo, en esta situación de crisis, los inmigrantes. Muchos se están viendo obligados a volver a sus países de origen, otros intentan permanecer aquí, aún a riesgo de caer en la ilegalidad al no poder renovar su permiso de residencia por falta de trabajo. Hemos de mostrarles nuestra solidaridad y defender públicamente, aunque existan personas que no nos comprendan, lo que nos plantea Benedicto XVI en Caritas in veritate: “Todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación” (62)»