Cuando la Constitución recoge en su artículo 27.3 "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", seguro que no plantea una división de los españoles en edad escolar entre ricos y pobres, de zonas urbanas o rurales, residentes en el centro de las ciudades o en los barrios...; habla de un derecho de las personas - los padres en este caso - que supone una obligación para el Estado: para poder elegir, tiene que existir oferta diferenciada, opciones distintas. 

Esa oferta diferenciada se basa en la existencia de planteamientos educativos distintos: no hablamos sólo de la oferta lectiva, las áreas y materias, sino de proyectos educativos que, partiendo de la educación integral de la persona, plantean una cosmovisión, una manera de entender e interpretar al hombre en su totalidad, la realidad, el pasado y el presente con unas claves concretas y da herramientas para el futuro. Es lo que la UNESCO en su informe "La educación encierra un tesoro" afirma: uno de los cuatro pilares de la educación es aprender a ser, no sólo instruir, sino desarrollar la identidad personal. 

Cuando en los años 80 el gobierno de España, en aquel momento del Partido Socialista, normalizó el sistema de Conciertos Educativos, hizo posible la existencia de una red de centros con proyectos educativos diferenciados y el derecho de los padres a poder elegir el que más se adecuara a sus propias convicciones según el art. 27.3; también el apartado 27.4: "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita". 

Que la escuela concertada sea una escuela de élite no deja de ser una leyenda urbana fomentada por personas e ideologías con intereses concretos; bastaría con preguntar a los padres: funcionarios, profesionales liberales, trabajadores por cuenta ajena... por qué llevan a sus hijos a esos centros.