Francisco Luis Martínez es el presidente de Escuelas Catóicas, entidad que agrupa a todos los centros de inspiración cristiana. Martínez ha señalado que el artículo 27 de la Constitución garantiza la existencia de centros católicos concertados con el fin de permitir que los padres puedan elegir el tipo de formación que desean para sus hijos respecto a sus propias convicciones. «Como es un derecho constitucional, los padres tienen la oportunidad de elegir esta enseñanza competitiva, de calidad y que en la mayoría de los casos cuenta con alumnos de compensatoria, lo que significa que es inclusiva y cumple con una labor social importantísima. ¡Qué hubiera sido de los barrios de Málaga si no hubiera sido por los centros católicos cuando no había ninguna institución que se encargara de la educación de los más pobres!

El presidente de Escuelas Católicas ha recordado que «un puesto escolar en un centro de la administración cuesta 6.000 euros, mientras que en la escuela concertada cuesta sólo 3.000. Son datos constadados, no opinables y encima atiende a la población que atiende: los sectores más desfavorecidos. La educación es un agente de transformación social, pero eso cuesta dinero.

Ramón García, del AMPA del colegio San Estanislao, por su parte, ha señalado «el esfuerzo de las asociaciones de padres para contribuir con los colegios. Hay proyectos que no podrían sacar adelante por sí solos por la falta de apoyo económico de la administración».

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