En su escrito, la HOAC de Málaga afirma: «La vivienda debemos concebirla como un espacio vital imprescindible para la socialización y un factor de inclusión social de primer orden. La Constitución Española en su artículo 47 manifiesta el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, atribuyendo a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho».

Continúan diciendo que «la situación de precariedad laboral que sufren la población malagueña con 122.784 personas desempleadas, junto al elevado costo de los alquileres de las viviendas, que en Málaga se sitúa en torno a 14,59 €/m2 al mes, son factores que desequilibran la economía de las familias. Y aún peor, si nos falta la vivienda, se paraliza el ejercicio de los derechos sociales e impide la realización de las personas y de las familias. Disponer de una vivienda nos ayuda a crecer como persona, nos permite desarrollar nuestro derecho al empleo, a la educación, la participación, la salud, la protección social, etc.»

La HOAC de Málaga apela a la Doctrina Social de la Iglesia, que «nos recuerda la necesidad del respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y por ello lo exige la dignidad de la persona y, para los cristianos, su condición de hijo e hija de Dios. Desde la Hoac, defendemos la casa, el hogar, la vivienda como un derecho fundamental necesario para la vida en dignidad y no como una inversión económica».

Ante eso, afirman, «la Iglesia, junto a todos los cristianos y cristianas, debemos tener un compromiso decidido ante tantas familias que han perdido su vivienda o que ni siquiera han podido acceder a ella. “Las familias y las casas van juntas. Es muy difícil para una familia salir adelante sin una casa en la que vivir”, nos recuerda el Papa Francisco».

Por todo ello, concretan su adhesión a las protestas ciudadanas ante este tema. «Nos sumamos a la iniciativa convocada para el próximo sábado 29 de junio que reclamará a las administraciones y los agentes sociales y económicos, medidas urgentes que permitan vivir dignamente en nuestra ciudad».