Una ley que fue votada favorablemente en el Congreso por la mitad de los diputados; una aprobación, por la mínima, del Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación; pongo lo que significan las iniciales porque ya es un síntoma: una ley Orgánica para Modificar una Ley Orgánica.

La tramitación de esta ley, en las difíciles circunstancias que atravesamos y con ritmos extremadamente acelerados, genera cierta inquietud. Y más en materia tan sensible como es la que nos ocupa. Este no era el momento más indicado para hacer una ley orgánica sobre un tema tan delicado, importante y fundamental como es la educación; además, hurtó, en parte, el diálogo parlamentario y social culminado por la decisión de impedir, por parte de los partidos del Gobierno, la comparecencia de la comunidad educativa y la sociedad civil en la tramitación parlamentaria. Es la primera vez que esto ocurre en la historia de las numerosas leyes de educación que este país lleva. Que son unas pocas. Si todavía nos resta capacidad para dividir por los años de democracia que llevamos sale una media de cinco o seis años por ley.

Ocho leyes educativas desde 1978 no aportan estabilidad al sistema. Sinceramente no deseo poner el acento en los partidos que impulsan las leyes de educación pero lo que sí me importa es que se favorezca un pacto de Estado en materia educativa. Lo haga quien lo haga. Y, de nuevo, hemos perdido una oportunidad magnífica. Porque aunque Isabel Celaá afirma que «esta ley recoge las posiciones que ha tenido el país desde la Constitución, cuyo artículo 27 es el verdadero pacto educativo» somos muchos los que pensamos que es necesario un pacto de Estado por la educación para salir del bucle en el que estamos: cada Gobierno hace su ley y cuando cambia el Gobierno, cambia la ley. Y la educación es demasiado importante para estar sometida a continuos vaivenes.