Carlos Ruiz ha manifestado la situación de indefensión en la que se encuentra ECA frente a la Administración Educativa al tomar ésta unas medidas, de manera unilateral, que atentan gravemente contra la enseñanza concertada con la intención de provocar un efecto disuasorio. En palabras del Secretario Autonómico, “el gobierno de coalición del señor Griñán pretende irse cargando la enseñanza concertada y dejarla únicamente allí donde no puede atender la pública. Es decir, entiende la enseñanza concertada como subsidiaria de la pública”.

“Desde Escuelas Católicas de Andalucía, no pretendemos una confrontación entre pública y concertada y no vamos a entrar en esa provocación que a algunos interesa. Nosotros valoramos positivamente el buen hacer de la enseñanza pública y no competimos con la ella; no somos rivales; somos una alternativa. Entendemos que en una sociedad democrática, como la nuestra, se lleve a cabo el principio recogido en la Constitución Española de que exista libertad de elección de centros. Creemos firmemente que las familias que solicitan nuestros centros para sus hijos lo hacen en base a nuestro proyecto Educativo, a nuestro ideario y también por una calidad de enseñanza más que contrastada”.

El Secretario Autonómico de ECA, ha respondido a las razones esgrimidas por la Sra. Moreno, bajada de natalidad y crisis económica para llevar a cabo esta supresión de conciertos. Ante ello, Ruiz ha mostrado su sorpresa, ya que “es mucha casualidad que el descenso haya sido repentino en este año y no paulatino. ¿El año pasado no se atisbaba nada? ¿No será que bajo este argumento se esconda uno de tipo ideológico que vaya contra la enseñanza concertada? ¿No será que el señor Griñán está siendo rehén de su socio de gobierno y se esté aplicando el programa de IU?”

“Todos los centros afectados tienen demanda suficiente y, la mayoría, es muy superior la demanda a la oferta. (Sr. Griñán gobernando de espaldas a los ciudadanos). Además se da la circunstancia que en dichas poblaciones no se cierran unidades de los centros públicos. La supresión de estas unidades da a entender la poca o nula importancia que dan a la calidad de enseñanza. Nuestros centros han hecho grandes esfuerzos en todo, y mucho, en la formación de los profesores, porque nuestra fuerza es la demanda. Con esta medida se priman otros intereses”. 

Para mantener dichas afirmaciones, Carlos Ruiz se ha apoyado en las cifras de costo del puesto escolar. Un alumno en la enseñanza pública cuesta anualmente al Estado 6.187 €, mientras que uno de la enseñanza concertada cuesta 3.026 €. Es decir, hay un ahorro por unidad de 3.161 €. En Andalucía, la concertada, que reúne a 298.235 alumnos, en este curso está ahorrando 942.720.835 €. Y en particular, Escuelas Católicas Andalucía, con 220.969 alumnos, ahorra 698.483.009 €. 

Respecto a las repercusiones por la supresión de conciertos, y que según el Secretario de ECA pueden seguir recortando, “las unidades afectadas en próximo años, a día de hoy, son 114, viéndose afectadas cerca de 3.000 familiar y más de 155 profesores. A lo que hay que sumarle el efecto económico demoledor para las titularidades que tendrían que hacer frente a indemnizaciones, etc.”

Para Carlos Ruiz, Escuelas Católicas de Andalucía va a seguir la línea de lo hasta ahora realizado: “estamos abiertos al diálogo con la administración educativa. Al dialogo, no al monólogo como pretenden”. Así mismo, ha señalado que se va a publicar en los tablones de anuncios de los centros afectados, la totalidad de plazas escolares correspondientes a las unidades solicitadas, pues no hay denegación expresa de los conciertos de dichas unidades. Los centros recogerán todas las solicitudes y si es necesario las presentarán mediante el Registro General de la Delegación territorial correspondiente.

De igual modo, ha anunciado la constitución de un gabinete de crisis que será el encargado de elaborar la hoja de ruta a seguir. Igualmente, ha anunciado la celebración de una Asamblea con todos los Titulares de la patronal para el próximo día 15 de Marzo, y en la que se aprobarán todas las medidas a desarrollar, no descartando la adopción de las correspondientes medidas legales contra la Administración educativa.