El interés que el Ministerio de Educación y Ciencia ha demostrado en estos últimos días por los problemas de la educación en nuestra pro­vincia de Málaga a través de la visita del Sr. Ministro Maravall me obliga, como Obispo de la Diócesis, a llamar la atención a los padres que libre­mente han elegido centros docentes de la Iglesia para la formación de sus hijos.

En la totalidad de nuestros colegios católicos se ha informado una y repetidas veces, por activa y pasiva, a los padres de los alumnos que si la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) se llegara a aplicar, sin ninguna enmienda, tal y como está aprobada por la Cámara de los Diputados, nuestros colegios deberían cerrar sus puertas. Ahora sólo falta el “visto bueno” de los Sres. Senadores. Los padres de nuestros alumnos deben hacerles llegar su voz respetuosa, pero clara y decidida, para que introduzcan las enmiendas esenciales.

Es un hecho constatado por cualquiera de nosotros que los centros docentes de la Iglesia, cuando están subvencionados por el Estado, se ven abordados todos los años, en el periodo de nuevas matrículas, por cente­nares de padres que se disputan una plaza escolar para uno de sus hijos. El hecho es sintomático y suficientemente significativo para que ahora lo desarrolle.

Lo que no se comprende es que, cuando peligra la subsistencia de dichos centros, una gran mayoría de padres de alumnos, parece no inte­resarles. En otras palabras, se da en ellos una clara contradicción: quieren que sus hijos tengan una plaza en un colegio católico, pero no se intere­san en lo más mínimo para que estos centros se la puedan ofrecer.

Los padres de nuestros alumnos deben saber (aunque puedan ha­berse dado excepciones) que los centros docentes de la Iglesia no están organizados como empresas para obtener beneficios. Simplemente quie­ren ser un servicio a los padres que deseen que sus hijos reciban una formación humana en el marco de un ideario cristiano.

Con mi “advertencia” a los padres no pretendo, ni mucho menos, lanzar masas a las calles, con el ánimo de perturbar la vida social. Pero lo que sí les digo es que deben unirse y hacer oír su voz a los poderes públi­cos para que no se les obligue, de una manera directa o indirecta, a matri­cular a sus hijos en colegios sin ideario (¡cosa que es muy discutible!), cuando tienen la posibilidad de matricularlos en colegios católicos.

El Estado podrá y deberá exigir a nuestros colegios un estricto con­trol en lo que a la justa distribución de los fondos que recibe de él; y en lo referente a la calidad de enseñanza; pero jamás podrá interferirse en el ideario de un colegio que los padres tienen derecho a elegir libremente para sus hijos.

Ningún Estado debe suplantar las iniciativas familiares y privadas, cuando éstas favorecen realmente a la sociedad. De lo contrario, se puede desencadenar una espiral que terminaría en imposiciones dictatoriales.

Málaga, 3 de Febrero de 1984.