Ayer el Sr. Ministro Maravall visitó algunos centros docentes de la ciudad de Málaga. Entre ellos el del Colegio de San Bartolomé que tiene 765 alumnos en EGB y 971 en Formación Profesional (Primero y Segun­do Grado). Como Obispo de la Diócesis, estuve presente en la visita a este Colegio dirigido por los Padres Salesianos y que es uno de los cincuenta y cinco centros docentes que la Iglesia Católica tiene en la provincia de Málaga.

Es de agradecer que el Sr.Ministro incluyera entre los colegios a visitar el aludido donde miles de malagueños se han preparado para mejor integrarse y servir a la sociedad.

Cabe recordar que los diferentes Gobiernos que ha tenido última­mente España se han preocupado de una manera preferente por el tema de la enseñanza. La provincia de Málaga ha sido una de las más beneficia­das. Es de esperar que, una vez realizadas las transferencias correspon­dientes al Gobierno Autónomo Andaluz, éste siga preocupándose toda­vía más y mejor por esta parcela social de la que tanto depende el futuro de nuestra región.

Últimamente en todo este proceso se ha terciado la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), aprobada por la Cámara de los Diputados.

La LODE es a la vez (aunque parezca una contradicción) una espe­ranza y una amenaza.

Dejo de referirme a los aciertos de la LODE porque repetidas veces ya lo ha hecho el Ministerio de Educación. En esta oportunidad quisiera llamar la atención a lo que, a mi manera de ver, constituye un grave peli­gro para la educación en España. Y lo resumo en los siguientes puntos:

1) En el Consejo del Centro contemplado en la LODE se da una cesión de derechos constitucionales, a los que no puede inclinarse nin­gún centro educativo católico. Porque una cosa es participar (¡y en esto estoy muy de acuerdo!) y otra, muy distinta, es suplantar.

2) Los padres se verán obligados a escoger unos centros para sus hijos que correspondan a las condiciones geográficas que señale la LODE, y no a un colegio cuyo ideario está más de acuerdo con las convicciones de los propios padres, primeros y más directos responsables de la educa­ción de sus hijos.

3) La LODE, al subordinar el carácter propio del centro a la libertad de cátedra, no respeta el derecho de los padres a elegir el tipo de educa­ción que desean para sus hijos y que sólo puede garantizar el ideario.

4) La nueva Ley lesiona los derechos de la entidad titular, que se ve privada de dirigir el centro y que tiene que ceder las funciones decisorias al Consejo Escolar.

5) En la Ley no se reconoce a los profesores de centros privados la analogía con los de los centros públicos.

6) La LODE no garantiza cuantitativamente la financiación de la enseñanza porque no financia el coste real del puesto escolar del colegio concertado. Tampoco lo hace de manera cualitativa porque la Adminis­tración se compromete solamente a abonar los sueldos y cargas sociales del profesorado y “otros gastos”. En este capítulo de “otros gastos” no se considera de una manera explícita el personal no docente, por lo cual la gratuidad no es equiparada con los Centros del Estado.

Es de esperar que la Cámara de Senadores que deberá cribar la LODE tomará en cuenta estas graves deficiencias a fin de que no se abra ningún resquicio para una dictadura ideológica que tarde o temprano nos haría caer en una dictadura social.

Málaga, 3 de Febrero de 1984.